El alcalde de Estepona se desdice y exime de responsabilidades a sus socios del GIL

El alcalde de Estepona, el socialista Antonio Barrientos, decidió finalmente amparar a sus socios de gobierno, ex ediles del GIL, y eximirlos de responsabilidad por los 24 millones de euros sin justificar detectados por el Tribunal de Cuentas durante la etapa de gobierno de Jesús Gil Marín, hijo del ex alcalde de Marbella. Barrientos afirmó tras el pleno del miércoles: "Exigiremos responsabilidades caiga quien caiga". Horas después, deestituyó a los liquidadores de las sociedades municipales creadas por el GIL y aprobó no exigir responsabilidades a sus socios de Gobierno.

Barrientos se saltó en cuestión de horas el acuerdo del pleno municipal que acordó seguir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y exigir responsabilidades. El alcalde aprobó, en dos juntas generales extraordinarias, eximir a sus socios de gobierno, ex ediles del GIL. Barrientos no sólo vulneró el acuerdo de la Corporación sino que se desdijo de su propio compromiso de investigar "de manera total".

Tras la cese de los liquidadores, éstos elevaron un acta notarial y anunciaron que impugnarán la votación en las juntas generales donde el PSOE amparó al Partido Estepona (PES), formado por antiguos concejales gilistas imputados por los 24 millones de euros de fondos públicos sin justificar.

El Tribunal de Cuentas solicitó al Ayuntamiento que promoviese las acciones necesarias para resarcir al municipio de los posibles perjuicios causados a las arcas entre los años 1995 a 1999, durante el mandato de Jesús Gil Marín. "Si hay perjuicios exigiremos las responsabilidades a las que hubiera lugar, de manera total y caiga quien caiga", dijo Barrientos tras el pleno.

Nada más lejos de la realidad. El regidor convocó las juntas generales de las empresas Estepona XXI Control Contable y Control de Servicios, tal y como solicitaron los liquidadores de estas sociedades para cumplir con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. Por sorpresa, los seis concejales del PSOE y los cuatro del PES aprovecharon esta reunión para eximir de responsabilidades a los antiguos administradores de estas empresas, uno de los cuales es el primer teniente de alcalde, José Ignacio Crespo. El PP e IU, que suman ocho ediles, votaron en contra. El PA, que se ha aliado con los ediles fieles a Jesús Gil en Marbella, se abstuvo.

No contento, Barrientos introdujo, además, en el orden del día el cese de los liquidadores de las dos sociedades municipales, el abogado Francisco Javier González y el tesorero municipal, Félix Alfonso Domínguez. Adujo que ambos habían pedido su baja voluntaria. "Es falso", dijo a este periódico González, quien explicó que se enteró de la destitución, que no cese, al día siguiente, cuando dos policías locales le impidieron a él y a Domínguez entrar en la sede de las empresas. Fuentes municipales intentaron ayer hacer creer que no se le impidió a nadie el acceso a las dependencias municipales.

Los dos liquidadores elevaron ayer un acta ante notario en la que se recoge que, no sólo no han dimitido ni han sido destituidos formalmente, sino que además temen que se destruyan documentos durante su ausencia de las empresas. También anunciaron que impugnarán las juntas generales porque tres de los ediles que votaron contra la exigencia de responsabilidades -José Ignacio Crespo, Marta Solís y Juan Manuel Rodríguez- están imputados y debieron abstenerse por conflicto de intereses.

El PP exigirá responsabilidades al alcalde y al PSOE. "Estamos viviendo en Estepona una prolongación de lo que ha sucedido hace unos días en Marbella", dijo Ricardo Galeote (PP).