Emoción de censura

Tras la moción de censura votada ayer contra su alcalde, Julián Muñoz, Marbella será gobernada por una coalición circunstancial integrada por concejales expulsados o separados de los partidos en cuyas listas fueron elegidos. Hay motivos para dudar de que una combinación tan heterogénea y tan falta de apoyos políticos, y nacida para derribar a quien fue elegido hace menos de tres meses por mayoría absoluta, sea capaz de regenerar la vida municipal tras 12 años de gobierno al borde (o al margen) de la ley. Pero la moción es legal, por infames que puedan ser sus motivos. La idea de disolver el Consistorio en aplicación de la Ley de Régimen Local, sugerida por IU y el PSOE, está, con los datos actuales, fuera de lugar.

El argumento con más peso de los concejales ajenos al GIL que han apoyado la moción es que gracias a su iniciativa se ha acabado con la anormalidad que suponía un partido como el GIL, plataforma de los intereses personales de su fundador. El tiempo dirá si se cumple ese diagnóstico. De momento se sabe que la operación contó con el apoyo de Jesús Gil y la participación directa de su hombre de confianza en materia de urbanismo, Juan Antonio Roca, cuya destitución parece haber sido el detonante de la crisis. Esa destitución guarda relación a su vez con el intento de Julián Muñoz de ganar respetabilidad comprometiéndose a acatar las resoluciones de la Junta de Andalucía sobre planes urbanísticos que su predecesor había ignorado. Dicho acatamiento fue presentado por los próximos a Gil como un desastre que arruinaría al Ayuntamiento, paralizaría las obras en curso y llevaría al paro a 60.000 trabajadores del sector de la construcción.

Con decenas de pleitos abiertos por irregularidades urbanísticas, una deuda de 420 millones de euros y un conflicto con la Junta por edificaciones ilegales de muy difícil salida, la Corporación hereda una situación lamentable. Pero la previsión legal de disolver las corporaciones locales "por gestión gravemente dañosa para los intereses generales" o que suponga "incumplimiento de sus obligaciones constitucionales" está pensada para otro tipo de supuestos.

La desconfianza está justificada, pero no sería justo actuar preventivamente contra la nueva mayoría, dando por supuesto que se propone incumplir la ley. E incluso es posible que el nuevo equipo tenga incentivos para intentar ganar legitimidad de ejercicio, con una gestión decente, a fin de compensar la escasa credibilidad con que inicia su mandato. De momento, se ha comprometido a compartir la responsabilidad en materia urbanística, evitando dejarla en manos de un solo partido, y a hacerlo "bajo la tutela de la Junta". De lo que no cabe duda es de que, tras la expectación suscitada, se les vigilará con lupa.