Marbella: en defensa de la ética civil

La disolución del GIL como grupo político no puede en ningún caso ser una especie de punto final, que entierre una de las más triste experiencias políticas de la época constitucional de este país. Ahora es el momento de analizar lo ocurrido, de tomar medidas que eviten su repetición, y sobre todo es el momento de reconstruir la democracia en Marbella.

Por eso es importante tener memoria y recordar que una de las primeras actuaciones de Jesús Gil como alcalde de Marbella fue expulsar del Ayuntamiento al secretario general de la corporación, que según la ley es el responsable de custodiar el cumplimiento por parte del gobierno local del ordenamiento jurídico. De esta manera, Gil se dejaba el camino expedito para empezar su forma de gobernar.

El Ayuntamiento no puede cumplir sus obligaciones constitucionales con garantías democráticas

Produce bochorno ver cómo el PP y el PSOE se echan en cara sus relaciones con el GIL

Si esto era grave, lo mas grave, es que este buen secretario que cometió la "barbaridad" de negarse a acudir al Club Financiero [sede de las oficinas privadas de Jesús Gil] a resolver temas del Ayuntamiento, no encontró respaldo de las Administraciones Públicas para ejercer el control legal de las actuaciones del GIL. De esta forma, tanto el ministro de Administraciones Públicas como el gobernador civil de la época a quienes se les pidió amparo, dejaron a Gil que consumara esta expulsión y tuviera las manos libres para desarrollar su forma de gobernar sin este control legal.

Acto seguido se empezó a practicar lo que se llamó "urbanismo a la carta", que no era otra cosa que preguntarle a un promotor urbanístico que cuánto y cómo quería construir para, en función de sus pretensiones, ponerle un llamado "canon" que se entregaba "teóricamente" al Ayuntamiento, a cambio de modificar la normativa urbanística en función de los intereses del promotor, aunque, como ha ocurrido en muchos casos, fuera en contra de la legalidad.

Por poner un sólo ejemplo, para que se entienda mejor, este urbanismo a la carta permitió en una ocasión, que unos terrenos entregados por el Ayuntamiento para pagar una factura de 396 millones eran revendidos diecinueve dias después por 1000 millones de las antiguas pesetas.

Por eso, produce cierto bochorno ver cómo hoy, tanto el PP como el PSOE, se echan en cara sus relaciones con el GIL a la cara, cuando la realidad es que el esperpento que hoy se vive en Marbella no tiene explicacion sin la dejadez y la complicidad, desde el primer dia, de ciertos poderes públicos que hicieron la vista gorda cuando se denunciaba que en Marbella no existía el Estado de derecho, y que los mínimos derechos constitucionales (de reunión, de expresión política, etcétera) no estaban garantizados.

Recordamos cómo se aplaudía desde la alcaldía actuaciones de la policía local más propia de dictaduras bananeras que de un Estado democrático; recordemos la quema de documentos de los juzgados de Marbella, todavía no aclarados; recordamos cómo Jesús Gil declaraba que a la Costa del Sol le sobraban los jueces, el Parlamento y la prensa, haciendo una apología de la dictadura.

En definitiva, recordemos cómo en Marbella se burlaba diariamente la Constitución y el ordenamiento jurídico, sin entender que ganar unas elecciones daba derecho a un Alcalde a gobernar, pero también conlleva la obligación de hacerlo de acuerdo a la Constitución y a las leyes, tal y como se juran o prometen en la toma de posesión de todo cargo público. Esto es precisamente lo que diferencia a una democracia de una dictadura.

La situación a la que ha llegado el Ayuntamiento de Marbella, por tanto, no es fruto de la falta de una mayoría estable de gobierno, esto pasa en muchos ayuntamientos. No es tampoco un caso de transfuguismo y de traición a un electorado, sino que es una degradación tal de la institución municipal que puede suponer un grave daño para los intereses generales y puede llevar al incumplimiento de las obligaciones constitucionales del Ayuntamiento.

Por esto, desde IU hemos tomados dos iniciativas: por una parte, la propuesta de creación de una comisión de investigación que entre en el fondo de lo ocurrido en Marbella en estos años, que averigue por qué ha fallado el poder judicial, por qué ha fallado el control de las administraciones autonómica y central, que determine responsabilidades, pero sobre todo que proponga las correcciones que puedan mejorar la legislación y el funcionamiento de los controles públicos.

Por otra parte, hemos presentado una iniciativa para que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a iniciar los trámites para que, de acuerdo con el articulo 61 de la ley 7/1985 de Régimen Local, se proceda a la disolución de la corporación de Marbella por una gestión gravemente dañosa para los intereses generales, y lo hacemos por entender que este artículo tiene como objeto la adopción de medidas extraordinarias ante situaciones excepcionales.

Basta con un somero repaso a la situación jurídico-administrativa del Ayuntamiento de Marbella para comprobar que el entramado generado para escapar de los controles legales ha convertido a esta corporación en una entidad incapaz de cumplir sus obligaciones constitucionales con garantías democráticas.

La situación económica-financiera es bien sabida por el Gobierno central con una deuda que ha sobrepasado todos los limites lógicos y que el propio Tribunal de Cuentas ha acreditado que no ha sido producto del despilfarro, sino que también ha existido desvió de fondos públicos.

Con estas iniciativas, IU entiende que se puede situar a Marbella en la normalidad democrática y por ello desde el convencimiento de que en la acción política no puede valer todo, hemos realizado la propuesta de una gran movilización ciudadana en defensa de la ética civil y de la regeneración democrática del Ayuntamiento, movilización que devuelva a este municipio la credibilidad que hoy esta puesta en juego por quienes crearon un grupo político con la intención de servir a los intereses privados de su fundador, y que apueste por un futuro de progreso, dentro de la normalidad democrática y del respeto a la ética civil.

José Luis Centella Gómez es secretario general del Partido Comunista de Andalucia y diputado por Málaga en el Congreso por IU.