El Gobierno ha dado vía libre a todos los expedientes de regulación desde 1997

El Gobierno no ha rechazado ni uno de los expedientes de regulaciòn de empleo que se le han presentado desde 1997. Todas las empresas que han acudido a la Dirección General de Trabajo han recibido el beneplácito de la institución para sus ajustes, según datos oficiales. No ha ocurrido lo mismo en los casos resueltos por las autonomías, que rechazaron casi el 6% de los expedientes. CC OO, que ha elaborado un estudio con estas cifras, cree que esa práctica anima a las grandes empresas a presentar expedientes. Entre 1997 y 2002, Trabajo ha recibido y aprobado un 64% más.

El Ministerio de Trabajo ha tenido que decidir sobre un total de 8.277 expedientes de regulación de empleo (ERE) desde el año 1997 que afectaron a 128.762 trabajadores. Todos ellos recibieron el visto bueno. El año anterior, 1996, primero del PP en el poder, se denegó un solo expediente, que se ha convertido en el único obligado a dar marcha atrás desde que gobierna José María Aznar. Aunque Trabajo no facilita datos de los expedientes rechazados antes de 1997, en CC OO sostienen que, si bien la mayoría superaba la criba, nunca se llegó al 100% de aceptación.

Las empresas recurren a este mecanismo para aligerar una parte de su plantilla cuando atraviesan dificultades, sean de tipo económico, técnico u organizativo. En los últimos años, este instrumento se está extendiendo a grandes empresas. Es el caso de Telefónica, que acaba de recibir la aprobación a su ERE, el mayor ajuste laboral realizado por una empresa privada, que puede afectar hasta a 15.000 trabajadores de aquí a 2007.

Desde 1997 el número de expedientes que Trabajo ha tenido que resolver cada año ha ido en aumento, excepto en 1998, cuando el ministerio resolvió seis menos. Hasta 2002, Trabajo estudió (y aprobó) un 64% más de expedientes. Para CC OO, que ha analizado estos datos oficiales, el incremento no es casual, sino que las compañías presentan más expedientes animadas por la aceptación que reciben. "Cuando vas a negociar, las empresas van con una posición de fuerza; utilizan como chantaje el hecho de que el expediente va a ser aceptado para imponer condiciones peores", asegura Paloma López, de CC OO, que lleva expedientes de regulación desde 1997. López cree que por este motivo cada vez hay más ajustes pactados entre las compañías y los sindicatos.

Para el Ministerio de Trabajo, el argumento es a la inversa: como la mayor parte de las regulaciones llegan con acuerdo, la Dirección General de Trabajo las aprueba. "Si se detectase alguna anomalía, se trasladaría a la jurisdicción", responde una portavoz.

Comunidades autónomas

No obstante, otras autoridades sí han rechazado algunos expedientes entre 1997 y 2002. Las comunidades autónomas rehusaron estampar su firma en el 5,7% de los que recibieron, y las direcciones provinciales -dependientes del Ministerio de Trabajo y con competencias en esta materia hasta que las comunidades las han ido asumiendo- rechazaron el 3,58% de los recibidos.

Esta tendencia facilita en la práctica los ajustes a las grandes empresas, que son las que suelen presentar sus expedientes a Trabajo. Una compañía está obligada a recurrir a la Administración central cuando el expediente afecta a trabajadores de varias comunidades, lo que suele coincidir con empresas de implantación en todo el país. En cambio, las comunidades intervienen cuando los despidos o reducciones de jornada sólo afectan a la región. "Es una decisión política de este Gobierno", sentencia Enrique Lillo, abogado de CC OO, para explicar por qué los ajustes han resistido la lupa del ministerio.

Aunque no existen razones probadas, los sindicatos creen que las administraciones locales y regionales, más cercanas a la realidad socioeconómica del territorio, reflexionan más sobre el impacto del ajuste.

Desde 1997, un gran número de empresas, la gran mayoría tras un acuerdo con los sindicatos, han presentado expedientes. Destacan Endesa, que en 2000 presentó un plan para despedir hasta a 5.000 trabajadores en cuatro años; Iberia, que incluyó a 2.515 trabajadores en la regulación de 2001; Altadis, que presentó un ajuste para más de 1.000 empleados en 2002; Vodafone, con el 14,4% de su plantilla en España el año pasado; la firma de móviles Ericsson, con 500 también en 2002, o el grupo de comunicación Auna, con 750 empleados a principios de este año.