Cruce de acusaciones entre el Gobierno y la Generalitat
Los representantes del Estado en el Consorcio para la Protección del Delta del Ebro (CPIDE) han solicitado que el presidente de este organismo, Francesc Sancho (CiU), convoque el consejo general "con el objetivo de que todas las entidades, colectivos e instituciones conozcan y debatan" el Plan Integral del Delta del Ebro (PIDE) en un plazo máximo de 30 días. El Gobierno catalán niega la legitimidad de un plan que no ha sido aprobado en comisión ejecutiva y reitera que con él el Gobierno del PP pretende lanzar "una OPA hostil" contra las competencias autonómicas y municipales.
Continúan los sables en alto en la institución para la preservación del delta tras la ruptura entre el PP y CiU el pasado día 31 de julio. Los representantes del Estado atribuyen al Gobierno de CiU una "actitud obstruccionista" y éste acusa al primero de "pretender la imposición de un plan que no ha sido votado en la comisión ejecutiva". Las últimas críticas de los convergentes han llegado por la presentación del estudio para la erradicación del mejillón cebra sin contar con la presencia de la Generalitat ni con los ayuntamientos implicados.
El Gobierno de CiU se negó a dar su aprobación a un plan que no fija un caudal ecológico mínimo para el río Ebro de 135 metros cúbicos por segundo y se opone a la conversión del CPIDE en una sociedad mercantil "que privatiza el río con negociaciones con los regantes" y que pasaría a depender exclusivamente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y, por tanto, del Gobierno de Madrid.
