CRISIS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

La oposición denuncia favores del PP a los empleadores de Ricardo Romero de Tejada

Los Sánchez Lázaro dicen que no tienen negocios inmobiliarios desde 1991 pese a sus empresas

Los partidos de oposición en la Comunidad Valenciana acusaron ayer a la Diputación, controlada por el PP, de favorecer los intereses de los hermanos Fernando y Juan Carlos Sánchez Lázaro, empleadores del secretario regional del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada. Una de sus empresas obtuvo en 2001 la concesión de la plaza de toros de Valencia en un concurso que, según la oposición, fue irregular. Los hermanos Fernando y Juan Carlos Sánchez Lázaro aseguraron ayer en un comunicado que no tienen vínculos con la promoción inmobiliaria pese a controlar empresas del sector.

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La polémica en torno a la plaza de toros de Valencia viene de atrás. Fernando Sánchez Lázaro, que es también dueño de una ganadería brava, obtuvo a finales del año 2001, a través de la empresa Ruedo Valenciano, SL, la explotación de la Plaza de Toros de Valencia. Ésta es propiedad de la Diputación, donde el PP gobierna con mayoría absoluta.

La adjudicación fue recurrida por otra de las empresas que se presentaron al concurso convocado a efecto, Valtauro XXI, SL, por considerar que su oferta era mejor que la de la empresa de Sánchez Lázaro y que la Diputación de Valencia no tuvo en cuenta los méritos de su propuesta.

Los partidos de la oposición volvieron a pedir ayer que la Diputación aclare el asunto. Josep Bort, diputado provincial por l'Entesa, dijo que "por fin va viendo la luz toda una trama de intereses y conexiones por parte del Partido Popular en la farsa que fue el proceso". "Determinadas personas del PP, como ahora los hermanos Sánchez Lázaro pueden demostrar si la Fiscalía General del Estado no lo impide, toda una oscura trama de financiación del Partido Popular", añadió Bort.

Plicas

Josep Bort afirmó que en el proceso de adjudicación del coso taurino "se llegó a cambiar el pliego de condiciones una vez abiertas las plicas, con el único objetivo de adjudicar a una empresa en concreto y no a la mejor de las ofertas".

Por su parte, el socialista Alfred Boix, señaló que el PP tendrá que asumir responsabilidades políticas, sobre todo porque no es la primera vez que surgen problemas con el concurso de la Plaza de Toros de Valencia.

Boix recordó que el proceso del año 1997 ya fue recurrido, debido a una primera "adjudicación irregular", lo que le costó a la Diputación 160 millones de pesetas, y añadió que la "que tiene a los hermanos Sánchez Lázaro por medio está recurrida por otras empresas".

El portavoz socialista en la Diputación de Valencia añadió que conforme "evolucione y vayan aclarándose estas contrataciones y este escándalo", los socialistas se plantearán "exigir responsabilidades políticas al PP", ya que, según aseguró, en este caso "va a haber mucho más".

En plena polémica, dos de los hermanos Sánchez Lázaro (Fernando y Juan Carlos), enfrentados a otro de los hermanos (Javier), aseguraron ayer en un comunicado que "carecen de cualquier vinculación con el negocio de promoción inmobiliaria aproximadamente desde el año 1991".

Los dos hermanos participan en una serie de empresas relacionadas con el sector constructor e inmobiliario que, según los datos disponibles en el Registro Mercantil, aún están activas. Se trata de las empresas Mercados Inmobiliarios Promociones Europeas (Mipesa), Desarrollo Urbanístico Avanzado, Renta la Florida y Basilis Invest. No obstante, Fernando y Juan Carlos Sánchez Lázaro, según Europa Press, sostienen que sus cargos directivos en dichas sociedades se encuentran caducados y cerradas las hojas registrales.

Tercer familiar

Los dos hermanos explican que un tercer familiar (su hermano Javier), con quien admiten estar enfrentados "ha mantenido la actividad de promoción inmobiliaria en repetidas ocasiones".

El pasado miércoles, cuando se hizo pública la relación entre los Sánchez Lázaro y el secretario regional del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada, Javier Sánchez Lázaro se desvinculó de las actividades de sus dos hermanos y señaló que no tiene "relación profesional ni negocial de ningún tipo con Ricardo Romero de Tejada". "Tampoco", añadía, "tiene vínculo alguno directo ni indirecto con las empresa Fotocopias MIC". La empresa MIC Servicios de Copias es la que paga a Romero de Tejada 1.200 euros mensuales por su labor, esporádica, de asesoría financiera. En la empresa, Romero de Tejada figura como dado de alta en la Seguridad Social con un contrato a tiempo completo.

Esperanza Aguirre, a la derecha, ayer, en la Asamblea.
Esperanza Aguirre, a la derecha, ayer, en la Asamblea.RICARDO GUTIÉRREZ

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 07 de agosto de 2003.

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