Fomento impone 60.000 euros a Greenpeace por un abordaje en Valencia

El Ministerio de Fomento fijó ayer en 60.000 euros la multa a la organización ecologista Greenpeace por la acción protesta protagonizada en la madrugada del 13 de junio en aguas del puerto de Valencia cuando varios activistas abordaron el buque Honour, supuestamente cargado con madera exportada desde África por empresas vinculadas con la tala ilegal a gran escala. La organización considera que el proceso sancionador no se ajusta a derecho.

"Intencionalidad manifiesta durante la comisión de la infracción, grado de alarma social producida, y peligro para la seguridad de la vida humana en el mar y para la marítima en general". Esos son los argumentos que el Ministerio de Fomento utiliza como aval de la sanción de 60.000 euros impuesta ayer a Greenpeace por abordar el barco Honour en la madrugada del 13 de junio pasado como protesta por la comercialización de maderas procedentes de talas a gran escala ilegales.

Greenpeace negó esos argumentos del ministerio de Francisco Álvarez Cascos y anunció que impugnará dicha sanción por entender que, además de absolutamente desproporcional, no se ajusta a derecho. Los seis activistas de Greenpeace que participaron en la acción protesta fueron juzgados por la vía de juicio rápido por una falta de desobediencia -justificada en que no atendieron a las indicaciones que el capitán marítimo les trasladó aquella madrugada para que depusieran su actitud-. Un multa leve fue la condena. Por eso Greenpeace considera que los hechos ya han sido juzgados y que no cabe ahora explicar que se trata de una sanción administrativa para distinguirla de la multa impuesta por la vía penal.

Tras el abordaje al barco Honour, procedente de Camerún, el buque insignia de Greenpeace, el Rainbow Warrior, quedó inmovilizado por orden de Fomento en el muelle Turia del puerto de Valencia. Permaneció 26 días con un expediente sancionador abierto en el que Fomento solicitaba inicialmente una fianza de 300.500 euros. Finalmente, tras 26 días amarrado y negociaciones entre la Administración y los ecologistas varias veces interrumpidas, Greenpeace consiguió rebajar esa fianza hasta 6.000 euros, cantidad que oportunamente consignó. Aún así, el día que el Rainbow Warrior tenía ya permiso para abandonar el puerto de Valencia, la autoridad portuaria reclamó a la organización más de 2.000 euros por los días que permaneció amarrado el barco. Los ecologistas se negaron a abonar dicha cantidad por entender que no estuvieron allí por decisión propia sino por una imposición. Al final, el Rainbow Warrior abandonó Valencia sin hacer frente a ese reclamo y pendiente de la tramitación del expediente sancionador, cuyo resultado de multa de 60.000 euros se conoció ayer.