Alstom, a contracorriente

No hay duda de que la decisión del Gobierno francés de acudir a la ampliación de capital del grupo empresarial de bienes de equipo Alstom y aportar 300 millones de euros para evitar su quiebra es un paso a contracorriente de los usos, costumbres e ideas económicas dominantes en el ámbito europeo. Desde mediados de la década de los noventa, las privatizaciones se han considerado uno de los paradigmas de la política económica europea, al menos en el terreno poco comprometido de las declaraciones de principios, que no siempre se corresponden con las prácticas reales. El Ministerio de Economía francés propone una vuelta a los tiempos en que la participación del Estado en las empresas no estaba considerada como una regresión económica.

No es sólo cuestión de ideología. Los gobiernos europeos, en particular Francia y Alemania, han demostrado con creces su disposición a defender una política de campeones nacionales o empresas de especial significación que son protegidas desde el Estado con uñas y dientes, tan querida, por cierto, por el Gobierno español. Recuérdese la reacción proteccionista del Berlín ante la oferta de Vodafone por Mannesmann o la resistencia francesa a tocar la eléctrica EDF. Con mayor razón cabía esperar una reacción protectora ante los problemas de Alstom, el emblema industrial que suministra los bienes de equipo a su potente industria nuclear o construye locomotoras para todas las redes de ferrocarril del mundo.

Francia ha argumentado su decisión. Poca resistencia pública cabe ofrecer a la defensa de 110.000 puestos de trabajo o al sostenimiento de un grupo de envergadura mundial. Más aún si el Gobierno se compromete a mantenerse alejado de la gestión y los bancos franceses apuestan tanto capital en la ampliación como el propio Estado. No obstante, la Comisión Europea tiene la última palabra sobre la operación. Tiene que pronunciarse sobre si constituye una ayuda de Estado y establecer los límites de esa aportación. La doctrina de Bruselas suele exigir sacrificios -como, por ejemplo, venta de activos- que ratifiquen que la empresa ha hecho todo lo posible en el mercado antes de admitir el dinero público. Sea como fuere, el caso Alstom será en el futuro una operación de referencia para las políticas de los gobiernos nacionales y para la jurisprudencia europea en materia de competencia.