El Gobierno francés rechaza que su entrada en Alstom suponga una renacionalización

El ministro francés de Finanzas, Francis Mer, quiso cortar ayer de raíz las críticas sobre la decisión del Gobierno de acudir en ayuda del grupo industrial privado Alstom, que está al borde de la suspensión de pagos, inyectando en la compañía 300 millones de euros y convirtiéndose, con el 31,5% de las acciones, en su principal propietario. Mer negó que la entrada de capital público en Alstom, cuya posible ilegalidad ya ha puesto en guardia a las autoridades de Bruselas, sea una renacionalización de la empresa y aseguró que el Estado se mantendrá al margen de la gestión.

"Se trata de una suma ridículamente pequeña", dijo el ministro, para quien la intervención del Estado "es un pequeño gesto que corresponde más a la psicología" que a la finanzas. No parece que Bruselas vaya a compartir al 100% el punto de vista de Mer, quien niega impulsar una "nacionalización" de Alstom. En cualquier caso, Mer insistió en la dimensión europea de este caso al recordar que Alstom da empleo directamente a 75.000 personas en la UE y, de forma indirecta, otros 150.000 trabajadores dependen de la compañía a través de sociedades subcontratistas.

El plan para rescatar a Alstom se produce poco después de que el Estado francés inyectara 9.000 millones en France Télécom para reducir la deuda de la compañía de telefonía.

El plan de financiación de Alstom, aprobado con el visto bueno del Gobierno y los más de 40 bancos acreedores, se estima en 2.800 millones de euros. El Estado y algunos bancos aportarán en conjunto 600 millones a través de una ampliación de capital, a 1,25 euros la acción. Eso es lo que convierte al Estado en propietario del 31,5% de Alstom.

El resto del dinero, destinado a resolver los problemas de tesorería de Alstom, sociedad que arrastra una abultada deuda de 4.900 millones, saldrá de una emisión de obligaciones por valor de 900 millones, que más adelante podrán transformarse en acciones. Alstom dispondrá, además, de líneas de crédito por un montante de 1.300 millones, de los cuales 200 millones serán aportados de nuevo por el Estado. Por último, un grupo de bancos completará el plan, hasta un total de 3.500 millones.

Alstom fue ayer el valor más negociado de la Bolsa de París, tras permanecer su cotización suspendida dos días. Las acciones cayeron un 2,9%. Mientras tanto, la agencia de calificación de riesgo Fitch advirtió de que persisten las "preocupaciones" a largo plazo sobre Alstom.

El presidente ejecutivo de Alstom, Patrick Kron, declaró ayer a Le Monde que "el Estado se sentará en el Consejo de Administración, con uno o dos representantes", pero que dejará Alstom "cuando la buena salud de la empresa esté asegurada".

Para lograr ese objetivo, Alstom tendrá que vender algunas de sus divisiones. Todo indica que se desprenderá del negocio dedicado al transporte y distribución de energía, que parece haber encontrado comprador en Areva. Pero también tendrá que acometer un ajuste laboral para suprimir 5.172 puestos en Europa, de los cuales 2.184 en Francia.

La hipotética suspensión de pagos de Alstom habría podido arrojar pérdidas superiores a 15.000 millones y haber comprometido la situación de varias instituciones financieras. "El hundimiento de Alstom habría significado una crisis para todo el sistema, y eso es lo que Mer puede alegar ante Bruselas", explicaba ayer un especialista financiero.