El Gobierno invertirá 36 millones para frenar los accidentes laborales

El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco destinará 36 millones de euros en los próximos tres años para intentar frenar los índices de siniestralidad por lo menos en 4.5 puntos; es decir, bajar los actuales 73,65 accidentes por cada mil habitantes a 69,15. El Plan director 2003-2006 tiene como eje la prevención e introduce la figura del Inspector de Trabajo dependiente de la Administración vasca. Los sindicatos UGT y CCOO critican la "falta de negociación" previa, mientras que ELA y LAB dan "un voto de confianza" al plan.

El Plan de lucha contra la siniestralidad laboral en el País Vasco para los próximos tres años pretende de forma prioritaria consolidar la idea de que la prevención es el mejor modo de evitar los accidentes. Por ello, no sólo aumentará en un 33% su presupuesto actual, pasando de los 9 a los 12 millones de euros anuales, sino que pondrá en marcha mecanismos políticos, económicos y hasta jurídicos, según explicó Joseba Azkarraga, consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

Una aproximación a la situación en el País Vasco muestra que aunque en los últimos tres años el índice de accidentes se ha reducido de un 77,96 a un 69,15 por mil, todavía no llega a la media europea del 66 por mil. Los datos más recientes indican que durante los cinco primeros meses de este año se han producido 22.587 siniestros con baja, en los que 54 trabajadores han perdido la vida. El sector de la construcción es el más perjudicado. Los lunes sigue siendo el día negro en el calendario y entre las nueve y las diez de la mañana, las horas más peligrosas. Un vez más, la precariedad laboral sigue estando directamente relacionada con los siniestros.

Sanciones de 4,67 millones

La estrategia gubernamental para poner freno a la lista de accidentes lleva parejo un aumento de la plantilla en 27 técnicos. De éstos, diez formarán parte de la Inspección de Trabajo para las administraciones públicas y cooperativas; un ámbito en el que la comunidad vasca tiene competencia exclusiva, recalcó Azkarraga.

El nuevo servicio permitirá el control en unos 1.500 centros de la red educativa, sanitaria, palacios de Justicia, comisarías de la Ertzaintza, Ayuntamientos y otros dependientes del Gobierno autónomo y de las diputaciones forales.

Azkarraga advirtió de que "difícilmente" se podrá ser más eficaz contra la siniestralidad si el Gobierno vasco no dispone de competencias plenas en esta materia. Por lo que aprovechó para pedir otra vez las transferencias.

Lo cierto es que las inspecciones de trabajo a las empresas son una herramienta fundamental en la guerra contra los accidentes. Su intervención propició el pasado año que se incoara un total de 1.711 expedientes sancionadores por un valor de 4,67 millones de euros. Prácticamente la mayoría de las multas, más de 1.600, se debieron al incumplimiento de la normativa con riesgo grave de accidente. No obstante, Azkarraga señaló que las multas deben ser siempre un último paso. "Las empresas han pasado de entender la precaución como un gesto a verlo como una inversión", sostuvo.

Otro de los aspectos del plan es proporcionar información a pymes y "micropymes" sobre responsabilidades y obligaciones legales. El plan también contempla la puesta en marcha de un Observatorio que investigue las causas de los accidentes con el fin de diseñar estrategias

La propuesta ha sido acogida de manera desigual por los sindicatos. Así, ELA y LAB, de manera conjunta, aunque reconocen que el Plan "no es perfecto" le dan un voto de confianza. Sin embargo, CCOO y UGT-Euskadi, por separado, coinciden en que su aprobación ha sido de forma "unilateral" y sin negociación. "No se han escuchado las propuestas de los sindicatos. El Plan no contempla la figura del delegado territorial, fundamental para que haya un mayor control en las empresas. Tendría que haberse tratado en el Consejo General de Osalan", resaltó Inma López, por UGT. CCOO criticó "la dependencia" del Departamento de Empleo del sindicato ELA por no tener en cuenta la promoción de los delegados sectoriales de prevención, como remarcó Jesús Uzkudun.

Las críticas de los sindicatos nacionalistas incidieron sobre todo en la necesidad de definir la actuación de las mutuas. "Están siendo utilizadas como ariete para el menoscabo de nuestra capacidad de autogobierno", señalaron ELA y LAB.