Bravo vendió un tercio de una gran finca al concejal de Vivienda de Madrid y a su esposa

La mayor operación de venta de terrenos del constructor Francisco Bravo Vázquez en los últimos años, una finca en Móstoles registrada como rústica de 155.000 metros cuadrados, tuvo entre sus compradores a una sociedad del concejal de Vivienda de Madrid, Sigfrido Herráez (su sociedad Arquitectura y Cultura adquirió un 6% del suelo) y a la esposa de este edil, María Gálvez (Bimost, que sumó otro 28% del terreno). En total, ambas sociedades se hicieron con 52.700 metros cuadrados por 2,6 millones de euros. Herráez confirmó ambas compras y aseguró que vendió su 6% el pasado mayo.

Herráez: "Vi a Francisco Vázquez el día de la firma, ni antes ni después"

El concejal de Vivienda, confirmado en su puesto por el nuevo alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, precisó ayer a este diario que compró el suelo a Bravo a través de una sociedad (Arquitectura y Cultura) creada para gestionar el patrimonio de su madre y que revendió el terreno en mayo por el mismo precio que pagó.

El constructor Bravo se afilió al PP junto a su familia y a empleados de su empresa unos meses antes de un congreso local en Villaviciosa de Odón, donde tiene establecida su principal sede empresarial. Bravo aseguró que hizo de intermediario en Sevilla La Nueva para forzar un pacto entre independientes y el PP para evitar un Gobierno socialista. Y ayudó al tránsfuga Eduardo Tamayo en su huída al reservarle la habitación de un hotel y un salón de conferencias.

Sigfrido Herráez compró a este empresario el suelo de Móstoles y su esposa hizo lo mismo. La sociedad de su mujer aún mantiene el 28% de la finca comprada de los Bravo. El precio pagado por el concejal de Madrid y su esposa fue de 51 euros por metro cuadrado. El precio global de la operación por el total de la finca de los Bravo para el conjunto de los compradores se elevaría a casi ocho millones de euros a tenor de los datos del precio por metro cuadrado ofrecidos por el concejal madrileño.

Herráez explicó así esta operación: "Mi madre y yo tenemos una sociedad para la gestión de patrimonio, que creamos a la muerte de mi padre. Y con ella gestionamos alquileres. Sobre todo y fundamentalmente, dos naves. Lo que se produce en un momento dado es que un comerciante, Gregorio Revilla, muy amigo de mi madre y mío, nos ofrece una posibilidad de entrar con un 6% de un suelo mucho más amplio. Un suelo que nos dicen que está en fase de aprobación inicial con la calificación de urbanizable, y que por tanto gestionamos".

El edil madrileño afirma que en toda la tramitación de la compra nunca trató con los vendedores, con los Bravo, que vendían a través de Euroholding Corporación Financiera. "Vi a Francisco Vázquez en el día de la firma [de la compraventa], y ni le había visto antes ni le he visto después". "La idea era tener dos o tres locales más gestionados. No me pareció una mala idea si hubiera sido inmediato. Pero nosotros vendimos nuestra parte en mayo pasado. Lo vendimos por el mismo precio de compra. A 8.500 pesetas el metro cuadrado [51,2 euros]. Nosotros no nos dedicamos a comprar y vender suelo sino a gestionar alquileres, a mantener lo que nos dejó mi padre y a aumentarlo. Cuando vi que esto no era un tema inmediato, entendí que no nos debíamos dedicar a esto, donde éramos una mínima parte y donde había mucha gente que yo no conocía. No conozco a estos señores [los Bravo], porque no he cruzado palabra con ellos, ni antes ni después".

Herráez asegura que su mujer también quiere desprenderse del 28% que compró. "Están intentando vender porque tampoco les gusta que no sea inmediato". El concejal de Vivienda explica así por qué se embarcó en esta aventura inmobiliaria en Móstoles: "A nosotros nos lo cuentan como algo que se iba a desarrollar. Un edificio en el que cada uno tendría su parte, pero eso no ha sido así". Herráez juzga el precio pagado ajustado. "El precio no era ni caro ni barato. Hay una aprobación inicial del pleno del Ayuntamiento de Móstoles, que lo califica de urbanizable y te da ese valor, si no el precio sería muy inferior".

Entre los demás compradores de la finca en Móstoles figuran Royal Rosan, con un 28% de terreno, una de las múltiples empresas de los constructores San Román, con gran implantación en las Rozas y que ya tuvo contacto con los Bravo en Arroyomolinos.

El resto se reparte entre tres pequeñas empresas: G. Revilla, con un 18%, dedicada al comercio de bebidas; esta firma a su vez participa en la inmobiliaria Empresarios Reunidos San Ignacio (adquirente de otro 10% del suelo), con igual domicilio. Idéntica sede, calle Oliva Plasencia, 1, de Madrid, registra el último comprador, Inversiones Aluche. Su administradora es socia de un negocio, Comercial Opacar, de venta de despojos cárnicos.

En la medida en que los Bravo tienen intereses radicados en Madrid, y en algunos casos relacionados con desarrollos urbanísticos, expertos urbanísticos consultados por EL PAÍS destacan la triple coincidencia en Herráez de tres cargos que le pueden conectar potencialmente con intereses de estos constructores en Madrid: "Herráez es concejal de la Vivienda desde hace años; igualmente viene presidiendo la EMV (Empresa Municipal de la Vivienda) y, por último y sobre todo, es presidente de todas las juntas de compensación de los desarrollos urbanísticos en Madrid".

Estas fuentes destacan que el último pago, por el que los compradores hacían firme o no la compra, estaba fechado en mayo de 2003, justo en coincidencia con la apertura de Xanadú, que revalorizaría estos terrenos, situados próximos al megacentro comercial y de ocio con pista de nieve adosada.

Concejales de Móstoles consultados por EL PAÍS creen que esta operación encerraba un proyecto de creación de un centro comercial en el lugar conocido como Paraje las Monjas de Móstoles, que sería rival de Xanadú.