La oposición cree que Sanidad quiere obstaculizar el derecho al aborto

La decisión de Sanidad de concentrar en cinco hospitales públicos las evaluaciones de las mujeres que deseen interrumpir el embarazo en centros públicos bajo el supuesto de peligro para su salud psíquica es para el PSPV y EU una medida coercitiva destinada a obstaculizar el derecho al aborto de las mujeres.

La diputada socialista María José Mendoza criticó que Sanidad concentre los exámenes y que sólo tres médicos sean los que reciban las solicitudes de valoración. A este respecto, recordó que el decreto que regula los dictámenes para la práctica de abortos de 1986 garantiza la libre elección de médico y el derecho a una segunda opinión "de forma inmediata para que la mujer pueda ir a otro facultativo". La medida pretende "poner barreras que añaden un sufrimiento adicional al que ya padecen" las mujeres que desean interrumpir su embarazo. En esta línea, el diputado de EU Alfred Botella interpreta esta medida como una forma de "coaccionar" a las mujeres, además de a evitar el camino normal de los exámenes que sería el de los centros de planificación familiar.

Por su parte, la presidenta de Dones Progressistes, Amàlia Alba, subrayó el doloroso trance que supone un aborto para la mujer y, además de reclamar más esfuerzos para prevenir embarazos no deseados en adolescentes, alertó de que esta decisión "reaccionaria" pretende limitar los abortos. También comentó las desigualdades que provocará que las mujeres con más recursos vayan a centros privados para evitar los "obstáculos" que se pondrán en la red pública y recordó lo "incompleta" de la actual ley de interrupción del embarazo.