Clamor en Internet por la denuncia contra 4.000 usuarios de P2P españoles
El anuncio de una denuncia penal contra 4.000 usuarios de redes P2P españoles por descargar software protegido por licencias ha sublevado a los internautas. La polémica se centra tanto en la consistencia jurídica de la denuncia como en los métodos utilizados por Landwell-PwC, promotora de la misma, para obtener los datos iniciales sobre los ususarios que han descargado mayor cantidad de archivos. La denuncia está presentada en la policía, y su promotor, el abogado Javier Ribas, afirma que en septiembre llegará a los tribunales.
La Asociación de Internautas (AI) y CC OO suscribieron un comunicado en el que muestran su preocupación por que la investigación privada de las redes P2P para localizar a estos 4.000 usuarios no suponga "una agresión al derecho a la intimidad" y exigen que se explique en qué consistió este rastreo preliminar. La nota rechaza que sea un particular, y no el juez, "quien estime la existencia del delito" y tome iniciativas que causan alarma social.
El documento critica igualmente la piratería. La Asociación de Usuarios de Internet (AUI) en una nota en su sitio también se pronuncia en contra. La BSA, organización internacional que persigue la piratería del software, defendió la legitimidad de la iniciativa pero se desmarcó de ella. Su presidente en España, Alfons Sort, aseguró que la BSA no está detrás de la denuncia. En la BSA consideran que la piratería de programas afecta a pymes y profesionales "que tienen otros métodos para hacerse" con copias pirata. La BSA ve con más simpatía la presión a los proveedores de servicios "que perseguir a un estudiante". Ribas ha insistido en que durante la investigación no ha habido intromisión en las comunicaciones de un tercero ya que los archivos que se ofrecen son públicos -"es como mirar un escaparte"- y lo que obtiene el investigador es la dirección IP de quien los ofrece pero no su identidad. Para ello se debe solicitar permiso judicial.
Otro tema a debate en la Red es si la denuncia puede llevarse por la vía penal. El software está más protegido que las copias de archivos audiovisuales. Sólo tiene derecho a obtener una copia de un programa quien es propietario de una licencia del mismo; por tanto no puede compartirse con un tercero. El debate jurídico se centra en si puede prosperar la vía penal. Para la abogada Paloma Llaneza, el intercambio de programas sin licencia es un delito civil porque para que fuera penal tendría que probarse el ánimo de lucro más allá de obtener una copia ilegal. En algunos foros de Internet se aventura que el anuncio de la demanda busca asustar a los usuarios más que iniciar un largo proceso.
En EE UU, donde las discográficas sí han presentado querellas individuales contra algunos ususarios de P2P, las universidades de Boston y el MIT se han negado a facilitar la identidad de los estudiantes sospechosos alegando defectos de forma en la petición judicial. Un portal, TechTV.com, ha publicado las direcciones electrónicas de 124 de los 900 usuarios denunciados. El Congreso norteamericano prepara una ley para castigar hasta con cinco años de prisión el intercambio de archivos ilegales.
