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Tribuna:

El sombrío panorama de Cuba

Tomando como consigna la eliminación del tráfico de drogas y "otras actividades ilícitas", entre enero y febrero de este año el Gobierno organizó una campaña de represión social que afectó a miles y miles de ciudadanos que trataban de obtener ingresos indispensables para la supervivencia mediante diversas iniciativas en el comercio informal, actividades completamente justificadas en un país donde el salario promedio mensual, según cifras oficiales, es de apenas diez dólares al mes.

En la segunda mitad de marzo el Gobierno desató la más intensa ola de represión política de las dos últimas décadas, que tuvo como resultado visible la detención de un centenar de pacíficos disidentes y la condena de 75 de ellos a penas altísimas de prisión (en su mayoría entre 20 y 28 años).

La situación del país en materia de derechos humanos continuará empeorando

Nunca antes en la historia de este hemisferio fueron detenidas y condenadas tantas personas por delitos de opinión en menos de 20 días, en juicios sumarísimos bajo Tribunales de Seguridad del Estado y en una atmósfera de violación flagrante del derecho al debido proceso. Como botón de muestra es suficiente mencionar que los 75 condenados pudieron ver a sus abogados pocas horas o minutos antes de los juicios efectuados entre el 3 y el 7 de abril, pocos días después de las detenciones que tuvieron lugar del 18 al 25 de marzo.

Los 75 condenados fueron trasladados desde las cárceles de la policía política secreta hacia celdas de aislamiento en las zonas de máximo castigo de diez de las cincuenta prisiones de alta seguridad que forman parte del inmenso sistema carcelario con que cuenta el Gobierno de Cuba y que está formado por alrededor de 200 prisiones y campos de prisioneros, donde languidecen veintenas de miles de cubanos en condiciones que violan, de manera casi desafiante, las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento a presos y detenidos.

Según informes de sus familiares más inmediatos, y por testimonios irrebatibles de varios de los 75 prisioneros mencionados, al momento de redactar este informe todos permanecen bajo condiciones verdaderamente infrahumanas, sometidos a plagas de toda clase de insectos y ratas, el agua que beben está peligrosamente contaminada, la alimentación es muy poca y la entregan en mal estado y sin las mínimas condiciones de higiene, al tiempo que la atención médica y la provisión de medicinas es notoriamente insuficiente.

El traslado de todos ellos a prisiones situadas a centenares de kilómetros de sus domicilios, en un país donde el transporte público está virtualmente colapsado, ha resultado un castigo extrajudicial complementario, principalmente para centenares de madres, esposas, hijos pequeños y otros familiares inocentes.

El confinamiento en celdas de aislamiento en zonas de alto castigo constituye una transgresión de las propias prácticas carcelarias del Gobierno de Cuba, las cuales suponen el internamiento por 21 días en tales sitios para aquellos reclusos que han violado el reglamento penitenciario o cometido algún tipo de indisciplina en las prisiones, lo cual no es el caso debido a que estos 75 prisioneros fueron llevados directamente a las celdas de máximo castigo y aislamiento.

Luego de más de cien días de confinamiento bajo tales condiciones, la salud de ellos se ha quebrantado sensiblemente como resultado de los efectos acumulados por todo el tiempo en que han estado y están expuestos a circunstancias crueles, inhumanas y degradantes.

Al menos una docena de este grupo de prisioneros son sexagenarios. Ellos y otros padecían de enfermedades crónicas antes de ser detenidos, por lo cual su salud se deteriora por días como son los casos de los economistas Óscar Espinosa, Martha Beatriz Roque y Arnaldo Ramos, los periodistas Edel José García y Jorge Olivera, el profesor Roberto de Miranda y los opositores Orlando Fundora y Nelson Aguiar, entre otros.

A pesar de las múltiples exhortaciones de numerosos gobiernos y organizaciones internacionales y personalidades de los más diversos sectores, el Gobierno de Cuba persiste en su actitud ultrarrepresiva y en su negativa a suscribir los Pactos de Derechos Humanos de la ONU, aceptar la cooperación de Cruz Roja Internacional y permitir el acceso a Cuba de otras organizaciones humanitarias y gremiales altamente prestigiosas como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos sin Fronteras, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Reporteros sin Fronteras o de altos funcionarios de la ONU.

Intimidación desde el Estado

A las oleadas de detenciones y condenas desproporcionadas ha seguido toda una campaña de intimidación y terror policiales contra periodistas independientes o disidentes políticos que no han sido encarcelados y los familiares inocentes de muchos de ellos y de la mayoría de los condenados a principios de abril mediante amenazas de sancionar a los informadores que siguen en libertad a penas de 20 años de cárcel sí continúan enviando noticias o artículos hacia el exterior.

Muchas esposas y madres de prisioneros de conciencia, especialmente cada una de las que acuden los domingos a la iglesia de Santa Rita de Casia (Patrona de los Imposibles), han sido amenazadas con encarcelarlas a ellas y a otros miembros de sus familias o endurecer aún más las condiciones de internamiento de sus esposos o hijos si ellas continúan asistiendo a dicha iglesia o formulando denuncias acerca de la situación que sufren sus familiares encarcelados.

El Gobierno de Cuba, al más alto nivel, ha amenazado con represalias diplomáticas a las embajadas que inviten a disidentes o sus familiares a las recepciones con motivo de las fiestas nacionales de sus países y a dichos invitados (que somos calificados de manera infame y calumniosa como "mercenarios a sueldo de Washington") con hacer caer sobre nosotros "todo el peso de la ley".

La brutal reanudación de los fusilamientos, a principios de abril pasado, formaría parte de esta política de intimidación desde el Estado contra toda la sociedad, con la agravante de que mataron a tres hombres, uno de ellos de 22 años, aparentemente con la finalidad inaceptable de "dar un escarmiento" y como medida disuasoria para evitar acciones delictivas desesperadas para tratar de emigrar de Cuba, a pesar de que la causa primera del alto potencial emigratorio existente (millones de personas sueñan con marcharse o escapar en cualquier dirección), tiene que ver con el estrepitoso fracaso del modelo totalitario de gobierno de tipo neoestalinista cuyas expresiones paradigmáticas se derrumbaron en Europa Central y Oriental después de 1989.

Hacia enero de 2003, Amnistía Internacional mantenía la adopción de 13 presos políticos cubanos en calidad de Prisioneros de Conciencia, calificación reservada para aquellos presos por motivos políticos que no han empleado la fuerza o la violencia ni han abogado por tales medios para expresar sus convicciones políticas, religiosas o filosóficas. A principios de junio, adoptó también, luego de una minuciosa valoración, a los 75 prisioneros de opinión condenados en abril como Presos de Conciencia, lo cual sitúa al Gobierno de Cuba en el primer lugar mundial por la cantidad de prisioneros de esta naturaleza. Nuestra Comisión estima que entre 30 y 50 presos políticos más reúnen las condiciones para ser adoptados como prisioneros de conciencia.

Durante los meses transcurridos del presente año, la situación de derechos civiles, políticos, económicos y de componentes sustantivos de los derechos culturales se ha deteriorado sensiblemente, pese a que la misma era marcadamente desfavorable en el pasado año.

En cuanto al derecho a la educación y la asistencia médica básica, la situación continuó siendo comparativamente mejor, lo cual es absolutamente característico de los modelos totalitarios neoestalinistas: no hay que olvidar que tales servicios eran garantizados por los regímenes totalitarios de Europa Central y Oriental, y por el de Corea del Norte al presente.

A menos que ocurra un milagro, la situación general del país continuará empeorando en materia de derechos humanos y también en todo lo relacionado con la economía nacional, expresándose esto último en menos producción y productividad, más pobreza para amplios sectores de la población y un altísimo y creciente nivel de endeudamiento externo (al salir del vientre materno, cada recién nacido cubano ya le debe más de mil dólares a los acreedores del sistema capitalista, sin contar la deuda con Rusia y otros países del desaparecido bloque soviético).

En lugar de responder positivamente a las exhortaciones o críticas constructivas de los países que muestran los más altos índices de respeto a los derechos civiles y políticos (más de 30 países de Europa, así como Canadá y Japón, entre otros), el Gobierno de Cuba sigue reaccionando de una manera crispada, empleando muchas veces un lenguaje ajeno a la diplomacia e insistiendo en que Cuba tiene "el Gobierno más democrático del mundo" y que es el país "donde más se respetan los derechos humanos en todo el planeta".

Estas aseveraciones se han reiterado una y otra vez desde los más altos niveles del Estado cubano, lo cual ha servido para alimentar una especie de fundamentalismo paralizante que impide la incorporación de nuestro país a las grandes corrientes modernizadoras que están inspirando el perfeccionamiento de los sistemas de leyes y las instituciones en muchos países del Sur y también en las sociedades más desarrolladas.

Por su naturaleza, las relaciones conflictivas entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos merecen un comentario específico. La política de Washington hacia el Gobierno de Cuba durante más de cuatro décadas ha sido y sigue siendo errática y contraproducente, propiciando la imagen de un enemigo externo tan necesaria a ciertas formas de gobierno para culparle de su propia ineficiencia.

Como un hecho positivo merece destacarse la disminución de la retórica hostil de Washington en relación con el Gobierno de La Habana, a pesar del discurso generalmente crispado de este último, quien insiste en que una agresión armada de Estados Unidos es inminente y que pueden producirse bombardeos masivos que ocasionarían "millones de muertos".

A pesar de este histórico diferendo, que no cuenta con el aplauso de la comunidad internacional (que suele manifestarse de manera casi unánime en contra de las sanciones unilaterales de Washington), ambos gobiernos tienen que trabajar para normalizar sus relaciones, y la opinión pública de ambos países y la comunidad internacional debieran exigirles que así lo hicieran poniendo en primer lugar los más altos intereses de los pueblos de Cuba y Estados Unidos, cuya aspiración indudable, más allá de las contradicciones alimentadas por verdaderas minorías políticas hegemónicas, es la de construir relaciones respetuosas de buena vecindad y cooperación.

Lo que esperamos del Gobierno es que comprenda de una maldita vez que el principal conflicto no es entre un puñado de pacíficos disidentes y el Gobierno de la Isla, sino la contradicción, insoluble con métodos puramente represivos, entre una sociedad deseosa y merecedora de mayores espacios de bienestar y de libertades civiles y un modelo totalitario que es la causa fundamental de la pobreza, la desesperanza y el creciente e imparable descontento popular; que, sin importar su naturaleza silenciosa y aguantona, es y será la fuente inagotable de todos los disensos y de las fuerzas sociales y políticas que acabarán con la pesadilla en que algunos convirtieron, con el apoyo casi pueril de muchos de nosotros, los sueños alimentados por la popularísima revolución de enero de 1959.

Lo mejor que puede hacer el Alto Liderazgo del Gobierno de Cuba, y la clase política que lo integra es iniciar el gradual desmontaje del ineficaz, represivo y ruinoso modelo totalitario, esencialmente violador de todos los derechos civiles, políticos y económicos de los ciudadanos, y sustituirlo por un Estado Democrático de Derecho basado en una economía social de mercado que asegure la liberación de las fuerzas productivas.

Si ocurre el milagro de que los Altos Responsables del Estado y el Gobierno de Cuba renuncien a la retórica autocomplaciente y tomen el camino que más conviene a los cubanos, estoy seguro de que la comunidad internacional sin excepciones va a apoyar dicho proceso de reconstrucción de nuestro propio Hogar Nacional.

Elizardo Sánchez Santa Cruz es activista de Derechos Humanos. Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de julio de 2003