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Barcelona no tendrá Carta Municipal en esta legislatura

Arenas asegura a Clos que la ley de grandes ciudades no recortará el poder del consistorio

La reunión celebrada ayer en Madrid entre el ministro de Administración Territorial, Javier Arenas, y el alcalde de Barcelona, Joan Clos, sirvió para dos cosas: la primera, confirmar que el PP tiene la intención de cerrar la legislatura sin aprobar la Carta Municipal de Barcelona; la segunda es menos negativa: Arenas garantizó a Clos que la ley de grandes ciudades, en trámite parlamentario, no supondrá, al menos, recortes para el poder municipal barcelonés.

Joan Clos acudió ayer a Madrid con la fe del derrotado. Daba por sentado que el PP no iba a dar su brazo a torcer y que, aunque en el Ayuntamiento de Barcelona (el 16 de julio de 1997), y en el Parlament (el 22 de diciembre de 1998), los populares votaron con todos los otros grupos el texto de la Carta Municipal, la legislatura terminará sin que haya sido aprobada por el Congreso. Pero pedirle a Clos una frase de desánimo es casi tan inútil como pretender que dé un puñetazo sobre la mesa. De modo que el alcalde barcelonés acudió con un lema positivo: "De lo perdido saca lo que puedas". Es decir, perdida, de momento, la Carta Municipal, se trataba de lograr que el Congreso no rebajara los actuales poderes municipales de Barcelona al tramitar la ley de grandes ciudades. Esta baza la ganó.

La ley de grandes ciudades, cuyo nombre oficial es Ley de Modernización del Gobierno Local, no supondrá recortes para el gobierno municipal de Barcelona y puede, incluso, suponer alguna mejora, aunque no sean las previstas en la Carta Municipal. Así al menos lo anunció Joan Clos y lo ratificó Javier Arenas. Ambos resaltaron los aspectos positivos de la reunión, sin dejar de reconocer que la Carta Municipal es imposible que sea aprobada antes de la disolución de las Cortes, que se producirá en la próxima primavera.

La financiación

Hubo avances, afirmaron ambos, pero pocos. El punto más problemático, según el propio ministro, es la financiación del municipio. En cambio, parece asequible algún tipo de acuerdo que permita al municipio tener presencia en los órganos de decisión del puerto y del aeropuerto. Tampoco está lejos un pacto sobre el aumento de la capacidad sancionadora del alcalde. Una comisión trabajará los diversos asuntos con vistas al futuro.

Arenas recordó que ha mantenido conversaciones con el Ayuntamiento de Madrid para que la ley de grandes ciudades contemple las excepciones de Barcelona y Madrid. En el caso de la capital de España, el problema es que se trabaja sobre un estatuto de capitalidad que afecta también al Gobierno autónomo con el que por ahora resulta difícil establecer cualquier tipo de negociación.

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