El ICF duplica sus créditos en el primer semestre de 2003
Homs quiere convertir el Instituto en un gran banco de crédito público
¿Cómo puede ser que los principales grupos industriales catalanes tengan suscritos créditos con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la entidad de crédito del Gobierno central y no con el Instituto Catalán de Finanzas (ICF)? El propósito del consejero de Economía del Ejecutivo catalán, Francesc Homs, es dar la vuelta a esta situación y convertir el ICF en el gran banco de crédito público de Cataluña.
El ICF, la entidad de crédito público del Gobierno catalán sólo realiza una cuarta parte de la actuación del ICO, de forma que mientras que la inversión crediticia del primero alcanzó en 2002 los 801 millones de euros, la del segundo fue de 3.060 millones, según datos aportados ayer por Homs, balance que disgusta al consejero: "No puede ser que las 400 grandes compañías de Cataluña estén pagando intereses al ICO porque ninguna entidad catalana les presta financiación a largo plazo", lamentó Homs.
El consejero no considera estos resultados como una muestra de fracaso por parte de la Generalitat para desarrollar el Instituto, creado en 1985, aunque sí reconoce que hasta su llegada al Departamento de Economía no se ha fortalecido su actividad. "La política del Gobierno catalán en estos 15 años ha sido desplegar por todo el territorio las competencias que ha ido asumiendo". "Cuando llegué, vi que [el ICF] tenía un gran potencial", dijo ayer Homs durante la presentanción de la memoria de la entidad de 2002.
Tras haber cerrado el ejercicio con la formalización de créditos por valor de 445,5 millones de euros, con un incremento del 82% respecto a 2001, durante el primer semestre de este año, el importe se ha duplicado, con relación a la primera mitad de 2002, hasta superar los 335 millones de euros, según avanzó el consejero delegado del ICF, Josep Molins.
Todo este bombeo de préstamos y, en particular los que esconden pagos a los que la Administración catalana deberá hacer frente más adelante, han enardecido las críticas de la oposición, que insiste en que el Gobierno catalán actúa de este modo por falta de recursos y mala gestión (véase EL PAÍS del pasado 20 de julio).
El consejero de Economía y Finanzas se refirió ayer a estas rencillas, a su juicio "lógicas", explicando que las subvenciones otorgadas constituyen una anticipación que hace la Generalitat para no hacer esperar al ciudadano ante la lentitud, por ejemplo, de los fondos Feder.
El beneficio de la entidad durante el primer semestre ha sido de 1,2 millones de euros, lo que, según el consejero, "no es significativo porque el objectivo de la entidad no es tener beneficios". En 2002, el excedente alcanzó los 398.000 euros.
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