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Apoyo contundente al fiscal Villarejo de un grupo de juristas progresistas

"Una trayectoria personal caracterizada por su honestidad, profesionalidad, imparcialidad, tesón democrático y tenaz lucha en defensa de los valores de la justicia y la igualdad". Así se define la carrera profesional del ex jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, en un comunicado de apoyo difundido ayer por la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, un colectivo que engloba a jueces, abogados y fiscales progresistas. Villarejo, de 68 años, solicitó el pasado viernes por carta al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, su decisión de acogerse a la jubilación voluntaria después de hacerse público que el Consejo de Ministros le relevó en el cargo.

La Asociación Catalana de Juristas Demócratas expresa su "más enérgico rechazo" a esa decisión por lo que supone de "desprecio" a la trayectoria profesional de Villarejo. En este sentido, se asegura que el relevo del máximo responsable de la fiscalía anticorrupción "se inserta en una deliberada política de depuración del ministerio fiscal al servicio de sus intereses partidistas, que también afecta a otras instituciones básicas del Estado, orquestada por el Gobierno del Partido Popular". Esta actuación, asegura el comunicado, está "dirigida a someter y controlar al ministerio público eliminando a todos aquellos fiscales jefes incómodos para el poder político y económico, sustituyéndoles, salvo honrosas excepciones, por otros más dóciles y manejables".

'Juicios rápidos'

La excepción a la que se alude, aunque no se cita, es la de José María Mena, que el mismo viernes sí fue ratificado en el cargo por el Gobierno, después de que el Ministerio de Justicia valorase muy positivamente su actuación en la aplicación en Cataluña de la ley de los juicios rápidos. "La medalla que me dan a mí se la merece él", aseguró Mena de Villarejo unos días antes en una cena de homenaje a éste, en alusión a que en Barcelona funciona la justicia rápida desde 1992 gracias al empeño que pusieron, entre otros, el entonces fiscal jefe. "Pero como era una ley del Gobierno socialista ya nadie se acuerda", precisó Mena.

El comunicado asegura que la reforma del Estatuto del ministerio fiscal que limita el cargo a cinco años con el fin de favorecer la renovación "queda en entredicho al comprobarse que se siguen manteniendo algunos fiscales anteriores con multitud de años ostentando la jefatura de sus respectivas fiscalías". También se censura que ese criterio tampoco se aplique al fiscal general del Estado, un hombre del que se dice que es "de probada obediencia y fidelidad al Gobierno que le nombró".

En el caso de Villarejo y Mena no se recuerda casi nunca que fueron nombrados en 1996 tras el triunfo del Partido Popular, después de que el último ministro de Justicia de un Gobierno del PSOE, Juan Alberto Belloch, se opusiera firmemente.

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