La UE archiva la denuncia contra la celda de lindane del aeropuerto de Bilbao

La Comisión Europea ha decidido archivar la denuncia sobre el depósito de lindane del aeropuerto de Bilbao. Pese a que sostiene que la falta de la declaración de impacto ambiental incumple las directivas comunitarias, no ha trasladado el caso al Tribunal de Luxemburgo al tratarse de una "infracción consumada", que ya no puede resolverse. Este caso se resuelve como el de Artea, igualmente archivado el pasado año pese a que constataba el incumplimiento de tres normas de la UE. El depósito de lindane sigue siendo investigado en los juzgados de Bilbao.

El depósito del aeropuerto fue la primera infraestructura realizada por el Departamento de Medio Ambiente para neutralizar el problema del lindane, que contaminó, cerca de medio millón de metros cúbicos de suelos en Euskadi, casi todos en el área metropolitana bilbaína. Esta instalación -una vaguada cercana a la pista principal del aeródromo- se concluyó en abril de 1998 y alberga hasta 105.000 metros cúbicos de tierras tóxicas.

La plataforma ecologista Lur Maitea presentó en 1999 una queja ante la Unión Europea, que tras dos años de investigaciones apreció ilegalidades y abrió en el verano de 2000 un proceso de infracción. En julio de 2001 confirmó esa ilegalidad por la falta de declaración de impacto ambiental. Bruselas admitió, entonces, como ha defendido el Gobierno vasco, que las medidas adoptadas para realizar los trabajos fueron similares a las que se contienen en las declaraciones de impacto. Pero entendió que la elaboración de este estudio, antes de acometer un proyecto de este tipo, garantiza la legalidad del procedimiento.

El Gobierno vasco, sin embargo, si elaboró la declaración de impacto en el otro depósito de lindane construido posteriormente -el de Barakaldo, que alberga 340.000 metros cúbicos de tierras contaminadas con lindane- y que se terminó hace ahora casi un año.

El siguiente paso era el traslado o no del expediente al Tribunal de Luxemburgo, la última instancia que suele dictar multas contra los estados infractores hasta que se resuelva la ilegalidad. Sin embargo, al tratarse de una infracción formal, no existe posibilidad de reparación posterior y fuentes comunitarias han citado casos similares que han sido rechazados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

La resolución se demoró más de año y medio y se adoptó en la anterior reunión de quejas de la Comisión Europea, en diciembre pasado. "Es una infracción consumada y por eso se ha archivado", señalaron a este diario fuentes comunitarias. Hace dos años, la Dirección de Medio Ambiente de la Comisión ya admitió que en este caso sólo cabía una "condena declarativa, moral".

Sin embargo, el polémico depósito de lindane del aeropuerto se encuentra en fase de investigación por un juzgado de Bilbao por un posible delito ecológico. El pasado año, el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) ratificó ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao que existe riesgo de accidente en la instalación. Así, el informe señala que la estructura de la bolsa de residuos, enterrada en la vaguada junto a la pista de aterrizaje y despegue, "es perfectamente susceptible de romperse, bien como consecuencia de un impacto o del arrastre sobre su superficie de un objeto lo suficientemente grande".

Los agentes de la Guardia Civil afirmaban que los residuos de lindane "se encuentran a 112 centímetros [de la superficie] y no a 20 metros como dice el Ihobe", la sociedad ambiental pública dependiente del Gobierno que ha gestionado estas infraestructuras. El Ejecutivo vasco, por el contrario, ha negado cualquier tipo de riesgo al asegurar que "ofrece las suficientes medidas de seguridad para los ciudadanos de este país".

Con la queja de este depósito archivada por Bruselas, los dos temas medioambientales en Euskadi que han sido considerados como una infracción de las directivas comunitarias han quedado sobreseidos. En julio de 2002, la Comisión archivó la denuncia por la construcción del macrocentro comercial Artea, pese a admitir que vulneraba tres leyes europeas: la de residuos peligrosos, evaluación de las repercusiones de proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente y la protección de aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas.

Las autoridades comunitarias aceptaron entonces el "compromiso" de las autoridades vascas de cumplir en lo sucesivo las normativas europeas en proyectos similares y por "no existir riesgo de contaminación".