12 alcaldes exigen parar el desvío del Jarama por las obras en Barajas
El cambio del cauce del río Jarama llevado a cabo por el Ministerio de Fomento para ampliar el aeropuerto de Barajas puede acarrear una sanción al Gobierno español por afectar a una zona de especial protección ecológica (Zepa), recogida en la red Natura 2000 de preservación del medioambiente de la Unión Europea (UE). Los alcaldes de los 12 ayuntamientos contrarios a la ampliación del aeropuerto exigieron ayer a Fomento que pare el desvío del cauce del río Jarama hasta que no haya resolución.
Los alcaldes de la plataforma contra la ampliación del aeropuerto denunciaron el cambio del cauce ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y en abril pasado, una delegación de técnicos en medio ambiente procedentes de Bruselas visitó las obras y el entorno modificado. En junio pasado, la Comisión de Peticiones comunicó a los ayuntamientos de la plataforma que su denuncia había sido admitida a trámite. La alcaldesa de San Fernando de Henares, Monserrat Muñoz (IU), dijo: "Existen hasta cuatro posibilidades de sanción para el Gobierno por modificar el cauce del río", explicó la alcaldesa. "Paralizar las obras, obligar a Fomento a que modifique el proyecto, realizar una compensación ambiental a cambio de la zona dañada o recibir una sanción económica por incumplimiento de una directiva comunitaria".
Según Muñoz, a partir de ahora se abre un periodo de recogida de documentos "en la que ambas partes, Ministerio de Fomento y la plataforma de ayuntamientos, tendrán que presentar sus alegaciones en Bruselas". La edil aprovechó una reunión de la plataforma, celebrada en la tarde de ayer, para denunciar que, "casualmente", desde que se tuvo conocimiento de la admisión a trámite de la denuncia "en las obras de ampliación del aeropuerto, se está trabajando hasta los domingos y festivos con el fin de acelerar la terminación de las mismas [previstas para dentro de dos años] y evitar que la UE les obligue a modificar el proyecto". Muñoz matizó que la sanción al Gobierno español por modificar el cauce del río "podría estar en un año".
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