El Gobierno francés asesta un duro golpe al producto de ahorro más popular del país
La rentabilidad de la libreta A baja del 3% al 2,25% para favorecer inversiones "más productivas"
El Gobierno francés dio ayer un durísimo golpe al producto de ahorro más popular del país al rebajar del 3% al 2,25% la tasa con la que se remuneran las libretas A, en las que más de 46 millones de franceses tienen colocados 112.360 millones de euros. Esta impopular medida, que comenzará a aplicarse desde el próximo 1 de agosto, es una clara invitación a reorientar los ahorros hacia usos "más productivos", como la financiación de empresas, según se deduce de la presentación efectuada por el ministro de Economía, Francis Mer.
La tasa de ahorro en Francia es de las más elevadas de Europa, gracias al excepcional tratamiento que recibe. La libreta A permite a cada francés depositar hasta un máximo de 15.300 euros, cuyo producto está libre de impuestos y puede mantenerse por tiempo ilimitado, a condición de que sea una por persona, naturalmente. Los bancos comerciales han torpedeado siempre esta fórmula, que sólo ofrecen el servicio público de Correos (La Poste) y las cajas de ahorro. La agitación bursátil de los últimos años ha llevado 2.230 millones de euros a las libretas A durante los primeros meses de 2003.
La decepción de los tenedores de libretas era ayer manifiesta en las oficinas de Correos. La rebaja del tipo de interés coincide con un alza de los precios regulados en servicios de primera necesidad.
Pero el primer ministro tiene delante de sí un buen rompecabezas presupuestario y por eso ha decidido arrostrar la impopularidad. Raffarin se ve obligado a actuar bajo la presión simultánea de rebajar los impuestos, exigida por Jacques Chirac; el ojo avizor de la Comisión Europea, que tiene la vara lista para el palmetazo corrector del déficit excesivo, y la imposibilidad de alcanzar el crecimiento previsto del PIB, que en vez del 2,5% llegará, con suerte, al 1%.
En estas condiciones, el Ministerio de Economía estima en 10.000 millones de euros la liquidez que puede conseguirse con la rebaja de la remuneración del ahorro popular, inmediatamente inyectables en la anémica economía francesa. Raffarin, ya un tanto desgastado por la guerra de las pensiones y las continuas huelgas de profesores, acepta ahora el coste político de tocarles directamente en el bolsillo a las tres cuartas partes de sus conciudadanos.
El dinero recolectado con el ahorro de las libretas A financia la construcción de alojamientos sociales y los créditos a las pequeñas empresas. "Nuestro país necesita financiación a bajos tipos de interés para las inversiones que permitan preparar el futuro", y para "ofrecer condiciones de crédito atractivas", según la explicación aportada por el ministro de Economía, Francis Mer.
Medida impopular
Al tiempo, el Ejecutivo anunció nuevas reglas para fijar las remuneraciones futuras: a partir del 1 de agosto de 2004 serán un 0,25% mayores que la media entre inflación y tipo de interés del Banco Central Europeo (BCE). Otros productos de ahorro sometidos a regulación verán reducido su interés también en 0,75%, salvo la llamada libreta de ahorro popular, que conservará su actual remuneración del 4,25% durante un año más. A este producto sólo tienen acceso las personas que no pagan el impuesto sobre la renta o éste sólo supone 660 euros anuales, y que pueden colocar en tales libretas un máximo de 7.700 euros.
El líder socialista François Hollande acusó inmediatamente al Gobierno de "amputar el ahorro de los franceses modestos, mientras el ahorro de las clases elevadas recibirá nuevas ventajas". Tampoco atacó frontalmente la medida, porque el Gobierno dirigido por Lionel Jospin bajó la tasa de remuneración del ahorro en 1999, aunque restableció enseguida el 3%. Además compensó la rebaja con la congelación de los alquileres de los alojamientos sociales. Todos los sindicatos lamentaron no sólo el golpe al ahorro popular, sino el procedimiento de decretazo seguido por el Ejecutivo, que no ha consultado con las centrales. El portavoz parlamentario del Partido Comunista, Maxime Gremetz, denunció lo que él considera un intento de "empujar a los franceses a volverse hacia los mercados financieros", obligándoles a contratar planes de ahorro privados vinculados a las jubilaciones.
