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Columna
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La cuestión social

Josep Ramoneda

Puede que en los tiempos que corren, en que parece que el sálvese quien pueda es la ley, suene a reaccionario que alguien quiera volver a la cuestión social. Lo hago. Y no creo que tenga que pedir perdón. Al contrario: estoy convencido de que los años del desprecio por las políticas públicas de bienestar se están terminando. Según un informe de los profesores Vicenç Navarro y Águeda Quiroga, presentado ayer en los cursos del Consorcio Universidad Internacional Menéndez Pelayo (CUIMP), el gasto en protección social de Cataluña, medido como porcentaje del PIB, es el 17,5%, menor que el de España (19,9%) y muy inferior al promedio de la Unión Europea antes de la ampliación (27,6%). Este gasto ha disminuido sensiblemente durante los noventa, pasando del 18,8% del PIB en 1991 al 17,5% en 1999, mientras que el promedio de la UE en este periodo pasó de 26,5% a 27,6%. Cataluña tiene el gasto social per cápita más bajo de la UE, después de Grecia, España, Irlanda y Portugal.

Son éstos algunos de los datos de un informe que relativiza el triunfalismo existente tanto en España como en Cataluña. Incluso en un sector como la sanidad, cuyo carácter modélico señala a menudo la Administración catalana, la diferencia en unidades de compra entre Cataluña y Europa ha aumentado considerablemente desde 1993. Es decir, la convergencia social con Europa es un mito. La frialdad de las cifras no debería hacer perder el significado de las cosas. El grado de desarrollo del Estado de bienestar tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, con sus expectativas y frustraciones, con la confortabilidad de su existencia. Y nos conduce a los denostados conceptos de responsabilidad y bien común.

Ante los datos del informe citado, uno se pregunta: ¿por qué se habla tan poco de este tema en la larga campaña electoral en que los políticos están metidos? Parecería razonable que, por lo menos la izquierda, en interés de los ciudadanos y en el propio, centrara su crítica y su acción política en esta cuestión. No es evidente que lo haga. La izquierda vive bajo cierto síndrome de Estocolmo, tiene miedo de que, si insiste demasiado en las cuestiones sociales, la derecha, conforme al catecismo dominante, la estigmatice como antigua.

La campaña está dominada por la eterna canción de lo identitario. Los principales intercambios verbales, acusaciones e incluso insultos han tenido que ver con esta música. Y todo parece indicar que seguirán bailando a su ritmo durante este largo verano de ruidos propagandísticos. Unos porque piensan que les beneficia (CiU, Esquerra y, por razón de simetría, o sea, por la lógica de que todo nacionalismo alimenta a su contrario, el PP), otros porque creen que tienen obligación de demostrar que cantan la canción igual o mejor que sus adversarios, todos garantizan que la cacofonía identitaria no pare. La cuestión social queda en la periferia de la campaña.

Los responsables políticos argumentarán que precisamente para poder mejorar los niveles de Estado de bienestar es necesario aumentar la capacidad de autogobierno. Es un argumento que, aunque en parte sea cierto, es claramente insuficiente. Se puede entender que la coalición que gobierna (CiU) se defienda de este modo, pero los partidos de la oposición no pueden caer en la trampa, salvo que teman que si presionan para un mayor gasto social acabe repercutiendo contra ellos si un día gobiernan. El nivel de competencias de la Generalitat es muy alto. Ya no cabe eludir las responsabilidades. Al mismo tiempo, es el Gobierno catalán el que durante estos años ha sido aliado de sucesivos gobiernos en Madrid. A él corresponde dar explicaciones por partida doble: por lo que no ha hecho y por lo que no ha obtenido.

Se pueden encontrar atenuantes. Uno de ellos es el que apunta a los orígenes: del franquismo se heredó un Estado de bienestar muy débil y completamente insuficiente. Se ha tenido que recorrer un camino en el que los demás países europeos nos llevaban 30 años de ventaja. Es cierto. Pero han pasado casi otros 30 años. Y seguimos por detrás. Otro argumento es que Cataluña ha crecido más que la media de Europa y que esto puede hacer que el porcentaje del gasto social en el PIB sea menor. Pero el informe explica que el crecimiento social per cápita ha sido inferior al europeo y, por tanto, el gasto diferencial entre Cataluña y Europa ha aumentado. Conclusión: no hay razón alguna para el triunfalismo y sí, en cambio, mucho terreno por andar.

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Da la impresión de que buena parte de la ciudadanía no tiene conciencia clara de los déficit del Estado de bienestar catalán. Por razones diversas: porque se viene de una situación mucho peor; porque las clases medias y altas resuelven parte de sus problemas mediante el mutualismo y la enseñanza privada, lo cual crea cierta nube acerca de los servicios que se reciben; porque esta inscrita en la conciencia colectiva la idea de que nuestra situación es casi en todo mejor que la del resto de España, aunque los datos lo contradigan. En cualquier caso, se confirma que Cataluña es un país gobernado desde la cultura de las clases medias y ello repercute en la percepción de los hechos que tienen tanto los gobernantes como la oposición. Muchos de ellos también son mutualistas y llevan sus hijos a la escuela privada. Todo ello configura una determinada percepción, decisiva a la hora de configurar las agendas electorales.

Pero los datos están ahí. Y confirman que, además de sacar el florete para dirimir quién es más nacionalista, hay muchos temas que afectan a muchos ciudadanos: sanidad; familia; vivienda; exclusión social; prestaciones por viudedad, por invalidez, por vejez o por desempleo; servicios de ayudas familiares, etcétera, que merecen una atención prioritaria porque son determinantes para saber qué país queremos ser. Los países son lo que son los ciudadanos. Han sido años de presión ideológica contra el Estado de bienestar. Y sin embargo, ello no ha impedido que el peso de éste creciera en el PIB europeo mientras que en el catalán decrecía. Si, como ha dicho muchas veces el presidente Pujol, la cohesión social es decisiva para el futuro de Cataluña, éste debe ser el debate central de campaña. A la oposición corresponde ponerlo en cartel, superando cuantas barreras políticas o mediáticas se interpongan por el camino.

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