Más de la mitad de las empresas de alta accidentalidad no hace prevención de riesgos

Un reducidísimo grupo de empresas catalanas concentra un significativo porcentaje del total de accidentes laborales. Se las denomina de alta accidentalidad, sobre las que la Inspección de Trabajo actúa de forma preferente desde el año 2000. A pesar de esta vigilancia y control específicos, más de la mitad de estas compañías no realizó el año pasado ningún tipo de actividad preventiva o bien resultó insuficiente para subsanar los riesgos que corrían sus empleados, según un informe de la Dirección General de Relaciones Laborales de la Generalitat facilitado por el sindicato CC OO.

Las empresas consideradas de alta accidentalidad ascendieron el año pasado a 2.215, seleccionadas a partir de unos requisitos concretos: todas ellas habían superado en un 20% la media de accidentes registrados en 2001 por el resto de empresas del mismo sector; además, habían acumulado a lo largo de ese año más de seis accidentes laborales cada una, en el caso de las provincias de Lleida, Tarragona y Girona, y más de 12 en la de Barcelona.

En conjunto, estas compañías concentraron el 24% de los accidentes leves, el 16% de los graves y el 15% de los mortales que se produjeron en todas las empresas catalanas. No en vano, la actuación preventiva de estas firmas queda en entredicho a tenor del informe del Gobierno catalán. "Las deficiencias e incumplimientos normativos han variado positivamente respecto a años anteriores en algunas de las actividades preventivas, pero continúan constatándose problemas en otras actividades", reza este documento, que desmenuza varios aspectos recogidos en la Ley de Prevención de Riesgos, en vigor desde 1996 y que muchas de las empresas visitadas todavía pasan por alto.

El informe pone de manifiesto que la vulneración de esta norma se hace patente desde el primer paso que deben seguir las empresas para actuar conforme a su cumplimiento. Aunque la ley obliga al empresario a planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, sólo el 46,1% de estas compañías la habían realizado correctamente. En el resto, o bien no se disponía de esta evaluación (13,1%) o bien "no se adecuaba a la realidad de la empresa" (40,8%). El informe añade que la mayoría de riesgos que originaron los accidentes producidos no habían sido previstos por las empresas en sus respectivas evaluaciones.

Esta primera fase resulta fundamental, ya que de acuerdo con ella se planifican las medidas necesarias para eliminar los riesgos o reducir su peligrosidad en el caso de que no se puedan evitar, según explica Pere Creus, del departamento de Salud Laboral de CC OO. Así, no es extraño que como consecuencia de las lagunas advertidas de antemano, sólo el 44,3% de las empresas contara con un plan de prevención "razonablemente correcto" frente al 29,8% que carecía del mismo y otro 25,9% en el que se calificó de "insuficiente".

Además, la normativa emplaza al empresario a actualizar esta evaluación y, por tanto, el plan de prevención, cuando cambien las condiciones de trabajo o "con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido". Sin embargo, el 78,7% de estas empresas de elevada siniestralidad obvió revisar esta evaluación a pesar de haber registrado accidentes laborales. En la misma línea, y siempre de acuerdo con la ley, el empresario debe llevar a cabo una investigación para detectar las causas de los accidentes, pero solamente el 38,7% siguió al pie de la letra este apartado de la normativa.

La participación de los trabajadores en esta actuación preventiva también se vio notablemente mermada en el conjunto de estas empresas, pertenecientes sobre todo a los sectores industrial y servicios, y mayoritariamente con una plantilla de entre 25 y 250 trabajadores. En el informe consta que dos tercios de las empresas obviaron consultar a la plantilla las cuestiones relacionadas con la salud y la seguridad en el trabajo a fin de recoger sus propuestas de mejora, y sólo el 43,8% de ellas informó a sus empleados de los riesgos laborales existentes y de las medidas adoptadas para corregirlos, cuando la ley obliga a facilitar esa información a cada trabajador "directamente".

A ese déficit debe añadirse otro todavía más grave, reiteradamente esgrimido por los sindicatos. Es que solamente un tercio de las empresas habían ofrecido formación en materia de prevención de riesgos a sus trabajadores "de forma razonablemente correcta", si bien la normativa obliga a garantizar que cada trabajador reciba formación teórica y práctica, "suficiente y adecuada", independientemente del tipo y duración de contrato que tenga el empleado.

El flagrante incumplimiento de la ley que se desprende de este rosario de deficiencias no tuvo una traducción directa en sanciones a las empresas. Las propuestas de sanción sólo afectaron a 130 compañías. Fuentes de la Inspección de Trabajo aclararon que en la mayoría de los casos se había optado por emplazar al empresario a subsanar las insuficiencias detectadas en un plazo de tiempo determinado que, si se incumple, sí deriva en sanción.