El Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso de súplica del PSOE

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resolvió ayer desestimar el recurso de súplica presentado por el PSOE contra el auto de la misma sala por el cual, el pasado 3 de julio, rechazó la tramitación de la querella criminal por un presunto delito continuado de cohecho. La querella se dirigía contra los diputados autonómicos Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, así como los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez; el dirigente del grupo Renovadores por la Base de la Federación Socialista Madrileña (FSM), José Luis Balbás, y el secretario regional del PP en Madrid, Ricardo Romero de Tejada.

La sala insiste en un auto fechado ayer en que los hechos denunciados por el PSOE "no describen nada que pueda ser tipificado como delito" y alude a ellos como "conjeturas" y "hechos concatenados de forma inconexa y sujetos a unas interpretaciones múltiples".

Según la mayoría de tres votos -Javier María Casas, presidente, y los magistrados José Manuel Suárez Robledano, ponente, y Emilio Fernández de Castro-, los argumentos del recurso de súplica no modifican su criterio anterior en el sentido de que la querella no describe la dádiva o promesa -característica necesaria del delito de cohecho- que pudieron percibir Tamayo y Sáez a cambio de su conducta en la Asamblea de Madrid.

El cuarto magistrado, Antonio Pedreira, volvió a discrepar del resto de la sala e insistió, en un voto particular, en que la querella debería ser tramitada "porque contiene elementos mínimos de tipicidad". Para él, la querella presenta "una progresiva hilación lógica y cronológica de hechos que deberían ser investigados".

"Contexto preocupante"

Pedreira señala que "no es que nos movamos exclusivamente en el plano teórico de un eventual y aislado cohecho continuado, sino en un contexto social mucho más preocupante: el del urbanismo, que no puede quedar entregado a la ley de la selva, del más poderoso, que intente hacer prevalecer sus miras especulativas -modificación de planificación urbanística, recalificaciones de terrenos, consecución de licencias urbanísticas- en detrimento del interés social y general".

Así, el voto particular señala en su punto séptimo que "la sala, en sus 14 años de existencia, ha admitido a trámite querellas con similar o incluso inferior exigencia de requisitos". El magistrado No comparte los criterios de la mayoría "en cuanto a las imperfecciones técnicas de la querella" y se desmarca explícitamente del Ministerio Fiscal.

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, deberá responder ahora a la Fiscalía Anticorrupción si puede abrir diligencias. Con todo, su jefe, Carlos Jiménez Villarejo, será sustituido el próximo viernes, 25, por el fiscal Antonio Salinas.