El Tribunal de Cuentas ve ilegal la retirada de los presupuestos vizcaínos
Estima irregular la concesión de avales por 25 millones a la incineradora
El Tribunal Vasco de Cuentas estima que la Diputación de Vizcaya cometió una ilegalidad al conceder hace dos años una aval por 25,8 millones de euros a la incineradora de basuras que construye la empresa Zabalgarbi en Bilbao. El órgano fiscalizador asegura que esta decisión debería haber sido aprobada por las Juntas Generales. El informe de fiscalización de la Diputación vizcaína de 2001 también ve ilegal la retirada del proyecto de Presupuestos de ese ejercicio y constata irregularidades en el aplazamiento de deudas fiscales por casi 115 millones de euros.
El informe que todos los años analiza la actividad económica financiera de las instituciones y organismos públicos vascos concluye con una "opinión positiva" de la Diputación, pese a la existencia de "diferentes incumplimientos de legalidad". El primero de ello se refiere a los Presupuestos de 2001, que el equipo de gobierno PNV-EA presentó a las Juntas Generales pero los retiró antes de su debate en pleno por la falta de apoyos políticos. Esta misma situación se ha dado en este ejercicio y en los cuatro años de la pasada legislatura sólo se logró funcionar con dos presupuestos aprobados: el pactado con Euskal Herritarrok en el año 2000 y el acordado el pasado año con el PSE.
El tribunal asegura que la retirada de las cuentas en 2001 incumplió la norma foral del Régimen Económico de Vizcaya y, ante las alegaciones de la Diputación sobre su potestad para la retirada de las cuentas, afirma que "no se cuestiona" esto, sino que "debió presentar de nuevo un proyecto de presupuestos".
El órgano fiscalizador ve igualmente ilegalidades en la concesión de garantías por importe de 25,8 millones de euros a la sociedad Zabalgarbi, en la que la Diputación tiene un 20% del accionariado, y que gestiona la construcción de la incineradora de basuras de Vizcaya. Se trata de una inversión de más de 150 millones de euros que se pretende poner en funcionamiento a mediados de 2004. "Esta concesión, por su cuantía y la naturaleza del beneficiario, requería la aprobación expresa de las Juntas Generales de Vizcaya", señala el informe.
Añade que esta operación incumple el límite de garantías, establecido en 1,8 millones de euros en la norma foral de presupuestos. La Diputación de Vizcaya ha aportado además en los últimos nueve años más de 12 millones de euros en ayudas directas al proyecto de la incineradora, que tiene un 45% de accionariado público.
Deudas tributarias
El informe del Tribunal de Cuentas vuelve a constatar ilegalidades en los aplazamientos de deudas tributarias, una situación que se repite año tras año. En concreto se refiere a irregularidades en el retraso del pago por casi 115 millones de euros. De ellos, destacan cinco expedientes, con una deuda de 15,2 millones de euros, en los que no se aportó ninguna garantía, y otro caso de 655.000 euros en el que, "pese a existir informe de [la] asesoría jurídica respecto a la insuficiencia de los embargos que se habían practicado no se exigió garantía adicional", expresa el informe.
La mayoría de las irregularidades en estos aplazamientos se refieren a la aplicación, en 39 expedientes, de un tipo de interés entre el 1 y el 4%, "inferior al establecido" por la norma foral (el 6,5%). Con estos intereses inferiores se han concedido demoras en el pago de deudas tributarias por valor de 99,2 millones de euros.
El órgano fiscalizador detecta anomalías en más del 25% de los contratos públicos. De los 68 expedientes estudiados, por un importe de 139 millones de euros, aparecen deficiencias en 21 de ellos. La situación en este aspecto es peor que en 2000, cuando se mejoró en este capítulo, y destacan tres contratos por 1,2 millones que se adjudicaron "sin respetar los principios de publicidad y concurrencia".
