Los cuarteles, el desalojo y la ley que niega papeles

Si el objetivo de la lucha de las 600 personas que malviven en los antiguos cuarteles de Sant Andreu fuera denunciar la especulación urbanística, las dificultades de los inmigrantes y jóvenes para acceder a una vivienda o, incluso, convertir los antiguos cuarteles en una especie de isla okupa libertaria, como el barrio de Christiania en Copenhague, tendría sentido oponerse al inminente desahucio. Pero dado que el objetivo de su lucha, tal como lo ha planteado el colectivo Papeles para Todos -me abstengo deliberadamente de utilizar el término plataforma-, es la consecución de los permisos de trabajo y residencia, pienso que resistirse al desalojo es dar un paso al frente para acabar en la Centro de Internamiento de Extranjeros de la Verneda. Y allí, como ocurrió con el desalojo de la plaza de André Malraux, someterse a la ruleta de las expulsiones. Expulsiones que se aplicarían a los magrebíes y a los procedentes de ciertos países del Este. Los subsaharianos tendrían pocas probabilidades de ser expulsados, pero serían agraciados con el certificado de "paria legal indefinido", es decir, una orden de expulsión no ejecutada, que les impediría regularizarse.

En los cuarteles viven inmigrantes con papeles y sin ellos, familias gitanas con sus hijos y personas marginadas

A diferencia de lo que ocurrió con el encierro de la iglesia del Pi en enero de 2001 y con el grupo inicial de 60 subsaharianos de la plaza de Catalunya que acabaron en agosto del 2001 formando un grupo de 200 personas en la plaza de André Malraux, ahora gran parte de las ONG de solidaridad con los inmigrantes discrepan profundamente de la estrategia seguida por Papeles para Todos. Discrepan porque el contexto social, político y jurídico es totalmente distinto. El encierro del Pi se produjo el día que entraba en vigor la ley 8/2000, que significaba una radical contrarreforma de la Ley de Extranjería, de abril del mismo año. Y además tenía lugar en Barcelona, dado que mientras que en el resto de España la mayoría de las solicitudes de regularización extraordinaria realizadas al amparo de la Ley de Extranjería fueron admitidas, en Barcelona la mayoría habían sido desestimadas. Así mientras que en Madrid se denegaron sólo 8.924 expedientes de un total de 51.099, lo que significa el 17%, en Barcelona se denegaron 34.982 de un total de 49.271, es decir, el 71%. Gracias al encierro del Pi se revisaron los criterios para conceder papeles y de hecho se generó un nuevo proceso de regularización extraordinaria.

Evidentemente, todo procedimiento extraordinario deja fuera a gente, bien por los requisitos, bien por haber llegado más tarde de la fecha límite. Y en la plaza de Catalunya de Barcelona vivían un grupo de unos 60 subsaharianos traídos a la Península desde Canarias, Ceuta o Melilla con órdenes de expulsión inaplicables al ser de países como Liberia o Sierra Leona. Fueron presionados a abandonar y algunos colectivos consideraron que se podía iniciar una nueva movilización como la del Pi. Se llegó a decir que quienes participasen obtendrían papeles, por lo que se juntaron magrebíes que, pese a no tener permiso de trabajo, tenían empleo. Cuando se realizó la detención colectiva de la plaza de André Malraux y acabaron en la Verneda, no se concedieron papeles a nadie; los subsaharaianos volvieron a la calle, pero muchos magrebíes que sí tenían casa y trabajo fueron expulsados.

Todo parece indicar que tras el juicio por desahucio que se

celebrará el próximo día 21, la ocupación de los antiguos cuarteles de Sant Andreu, donde residen actualmente cerca de 600 inmigrantes, toca a su fin. Papeles para Todos ha recomendado a los ocupantes que se personen en bloque en el juicio. Evidentemente, a no ser que se suspenda la vista, la juez dictará orden de desahucio. Y como ocurre cuando el ocupante no abandona, acude una comisión judicial con la policía para ejecutar el desalojo.

En los cuarteles conviven diferentes colectivos, la mayoría inmigrantes sin papeles, así como también algunas decenas con papeles, pero con dificultades para acceder a una vivienda. También residen en ellos familias gitanas de Rumania que mendigan con sus hijos, sujetos a una problemática diferente. También, por último, duermen allí personas marginadas. Pese a la complejidad de cada una de estas situaciones, el problema es el que es debido a la actual ley, que hace casi imposible obtener papeles pese a tener trabajo y demostrar arraigo. La bolsa de ciudadanos sin papeles producida por la actual ley es de 120.000 en Cataluña y más de 600.000 en toda España. Ello genera ciudadanos sin posibilidad de integrarse, sin seguridad jurídica, que malviven como pueden, 600 de ellos en los olvidados cuarteles. Y estos terrenos, una vez clarificado el plan urbanístico Sagrera-Sant Andreu, ya tienen compradores. Que nadie engañe a nadie: oponiéndose al desahucio, no se cambiará la ley. Algunos tendrán la foto que tal vez buscan y el teniente de alcalde que esté de guardia en Barcelona, mientras Joan Clos hace vacaciones, puede que se coma un marrón, puede incluso que gane votos. Pero quienes entren en las furgonetas policiales camino de la Verneda, que sepan que allí no hay papeles para todos, sino ordenes de expulsión a discreción.

Xavier Rius-Sant es periodista.