Un fiscal de Hitchcock

EL RECURSO DE SÚPLICA presentado el pasado lunes por el PSOE ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para lograr que sea admitida a trámite su querella por cohecho -rechazada el 3 de julio- contra dos diputados socialistas tránsfugas y varios afiliados al PP, relacionados todos ellos con la industria de la construcción, permitirá al fiscal general del Estado contribuir a mantener el suspense -digno de un filme de Alfred Hitchcock- sobre el secreto de este escándalo político-inmobiliario. No se sabe aún si Cardenal autorizará -y en qué fecha- a la Fiscalía Anticorrupción a investigar una trama político-inmobiliaria de la que sólo ha obtenido beneficios políticos el PP.

Cardenal aplaza su decisión de autorizar a la Fiscalía Anticorrupción la investigación de la trama político-inmobiliaria de la Comunidad de Madrid hasta el cese en su cargo de Carlos Jiménez Villarejo

La película comenzó con una denuncia de IU -fechada el 12 de junio- sobre la sospechosa ruptura con el PSOE dos días antes de los diputados autonómicos madrileños Tamayo y Sáez, precedida y seguida por frenéticas llamadas telefónicas a militantes del PP regional. La Fiscalía Anticorrupción solicitó la preceptiva venia del fiscal general para iniciar la investigación: la precipitada querella interpuesta por el PSOE el 16 de junio ante el TSJM brindó a Cardenal una oportunidad pintiparada para aplazar su permiso invocando el artículo 785 bis.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (que ordena al ministerio público suspender las diligencias preprocesales sobre una denuncia nada más tener conocimiento de la existencia de una causa judicial sobre el mismo asunto). Si bien el TSJM rechazó la querella, ese auto de inadmisión sólo será firme cuando la Sala resuelva el recurso de súplica del PSOE.

Los socialistas tal vez dieron irreflexivamente por descontada la admisión de la querella o ignoraron los efectos paralizantes sobre la denuncia de IU de su mera presentación; en cualquier caso, el PSOE se hallaba al corriente de los inminentes cambios que iban a producirse en la cúpula de la Fiscalía Anticorrupción. En efecto, el Pacto por la Justicia firmado hace dos años por el PSOE con el PP aprobó el marco general que una disposición transitoria de la ley de 26 de mayo de 2003 de reforma del Estatuto del Ministerio Público ha concretado: el cese de todos los fiscales jefes que llevasen más de cinco años en su cargo. Ese supuesto alcanza de lleno a Carlos Jiménez Villarejo, a quien el Gobierno detesta y no quiere reelegir.

El inminente cese de Jiménez Villarejo será celebrado con champaña por el Gobierno y por el PP; Cardenal no sólo ha anunciado ya el nombre de su sustituto, sino que ha insinuado la posible desaparición en el futuro de la Fiscalía Anticorrupción. Una vez producido el relevo en la jefatura, Cardenal podría incluso permitirse el lujo de autorizar al sucesor de Jiménez Villarejo la investigación de nuevos hechos relacionados con el escándalo madrileño y no incluidos en la inadmitida querella del PSOE; según sus declaraciones a la prensa, el fiscal general aplazaría esa eventual decisión hasta que la Comisión de Investigación del Parlamento de Madrid concluyese sus trabajos a finales de agosto.

La sectaria utilización por el Ministerio de Justicia de la reforma del Estatuto Fiscal para hacer una limpieza ideológica en los puestos de responsabilidad de ese jerarquizado cuerpo confirma que el Gobierno prosigue sin desmayo su plan de ocupar el Estado. Secuestrado el Parlamento por los abusos de la mayoría absoluta del PP, les llegó el turno después a las instituciones consagradas a garantizar el imperio de la ley y a proteger el pluralismo: el ministerio público sigue ahora idéntico destino que el Poder Judicial, el Constitucional, las instancias de control económico y los medios públicos de comunicación. El Gobierno del PP necesitaba embridar a los fiscales y presionar a los tribunales para seguir negando la evidencia de las colusiones entre los diputados socialistas tránsfugas y varios militantes del PP en Madrid, una trama político-inmobiliaria unida por el propósito común de impedir a toda costa que Rafael Simancas sea presidente de la Comunidad.