El ritmo de la segunda descentralización

Un día después de entrevistarse con el Rey en la Zarzuela, el recién estrenado presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aprovechó un acto aparentemente rutinario como la inauguración de uno de los colegios públicos prometidos en el Mapa Escolar de 1996 (que más retraso había acumulado en la ejecución de las obras) -el emblemático Soto Micó de Valencia capital- para lanzar un debate irresuelto en el seno del propio PP nacional: la segunda descentralización de las Adminitraciones públicas. Camps anticipó la discusión que viene con una escueta, pero contundente propuesta: "Que se empiece a estudiar de qué manera podemos descentralizar la gestión de los colegios de Infantil y Primaria para que sean los ayuntamientos los que tengan la posibilidad de gestión de estos centros educativos". "En coherencia", subrayó el jefe del Ejecutivo autonómico valenciano, "como ocurre en otros países europeos, además de que también puede ser un buen salto cualitativo la descentralización de la educación respecto a la relación de las Administraciones hacia los poderes locales".

"Estamos siendo pioneros en muchas cosas y llega el momento de la descentralización"

En realidad, la propuesta había sido puesta en marcha un mes y medio antes de las elecciones del 25M, el 2 de marzo pasado, por Alberto Ruiz Gallardón con la aprobación de "la primera Ley de Pacto Local, que cede competencias regionales a los ayuntamientos", pese a la oposición manifiesta y pública de varios dirigentes del ala neocentralista del PP nacional, con el secretario general y ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, a la cabeza; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, o el responsable de Política Fiscal, Ramón Beteta, partidarios de que "con la entrada en vigor el 1 de enero de 2003 de la reforma de la financiación local (y su reforma "estrella" consistente en la supresión del IAE y la cesión municipal de cierta parte de la gestión la cesta de los impuestos) se sientan las bases para la consecución de un pacto local", también llamado "la segunda descentralización".

Pese a un intento del PP de reducir la segunda gran reforma de las Administraciones Públicas a un pacto con carácter de transacción económica, en el fondo de la reforma subayace una vieja discusión de mayor calado sobre dos modelos: uno de tintes neocentralistas y otro que apuesta por " mayor autogobierno" y "presencia regional en la Unión Europea" -dibujado por el expresidente y hoy ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, a finales de 1999, nada más revalidar su mayoría absoluta al frente del Consell, en un acto presentado en Madrid por el vicepresidente económico Rodrigo Rato- . Éste es precisamente el que ha retomado estos días el nuevo presidente valenciano Camps, lo que le valió incluso un sonoro toque de atención de parte del vicepresidente primero, Mariano Rajoy, y del secretario general Arenas, firme opositor a cualquier reforma estatutaria.

El debate de la descentralización de la gestión de la enseñanza Infantil y Primaria, lanzado por Camps, pilló de traspiés a su consejero de Educación, Esteban González Pons. De manera que, un día después, el ex senador popular (que en los últimos dos años ha tenido que parar cualquier debate promovido por el PSOE y CiU relacionado con la reforma del Senado para hacer una verdadera Cámara territorial como había prometido Aznar en su primera legislatura) se encontró pues el martes con el tema de la "segunda descentralización" de frente y en el centro de la atención en su primer encuentro en Valencia con el sindicato UGT. "Quiero aclarar que la propuesta de descentralización hecha por el presidente del Consell no es más que un debate (...) que ya estaba dentro del programa del PP de la segunda descentralización (...) y que tiene el objetivo de abrir un debate sobre cómo las Administraciones y los Ayuntamientos pueden prestar un servicio público más próximo al ciudadano".

No obstante, el consejero de Educación puntualizó: "Pongo dos condiciones: la primera es que no se llevará a cabo hasta que el Mapa Escolar no esté finalizado, porque la Administración valenciana no hará dejación de sus funciones. Y, segundo, no se hará sin el consenso y el acuerdo de todos los agentes implicados y hasta que no esté pactado con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, los sindicatos y los ayuntamientos".

Pese al tono estrictamente reflexivo que intentó trasalar González Pons, a la mañana siguiente, el 10 de julio, el nuevo consejero de Administraciones Públicas, Víctor Campos convocó a su homólogo y responsable de Educación a una reunión matutina donde precisamente se empezó a trabajar sobre la aplazada reforma de la Función Pública para dotar de "estabilidad" y reducir "la precariedad laboral" en las diferentes Adminisraciones (mediante la convocatoria de empleo público) y la puesta en marcha del "proceso de segunda descentralización, dentro del marco del Pacto Local". Los plazos, según Campos, "esperarán hasta que la FVMP esté constituida", aunque "mientras esto suceda, seguirán con las conversaciones para avanzar en la descentralización educativa".

El presidente Camps remató ese mismo día con una advertencia de que los pasos valencianos influirán en la pauta nacional: "Estamos siendo pioneros en muchas cosas y creo que llega el momento, una vez que culminemos el mapa escolar, de realizar la parte de descentralización en materia educativa que podemos hacer".