El escándalo de Madrid zanja el debate interno en el Gobierno sobre la supresión de Anticorrupción

El escándalo de la Comunidad de Madrid -tras la deserción de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, que ha provocado que la coalición del PSOE e Izquierda Unida pierda el Ejecutivo autónomo y se convoquen nuevas elecciones- ha impedido que el Gobierno de José María Aznar haya tomado la decisión de suprimir la Fiscalía Anticorrupción. El Gobierno, ante la sensibilidad creada por este escándalo, ha optado por zanjar un debate interno en el que unos ministros optaban por suprimirla y otros por mantenerla.

El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, admitió ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que existen "opiniones diferentes" sobre la posibilidad de suprimir la Fiscalía Anticorrupción, adelantada el miércoles por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en unas declaraciones a Radio Nacional. Cardenal se pronunció por la supresión de la Fiscalía Anticorrupción con el argumento de que todos los fiscales están capacitados para desarrollar todas las actuaciones. "Como fiscal de carrera y profesional es bueno que los asuntos relacionados con la corrupción se conviertan en competencia de todos los fiscales, aunque existan distintas especialidades", dijo Cardenal. A continuación, el fiscal general del Estado remitió la decisión al Gobierno, ya que la Fiscalía Anticorrupción "se creó por ley y es necesaria una ley para suprimirla".

No obstante, Rajoy aclaró ayer que ese debate estaba zanjado por el momento en el seno del Gobierno y remitió la posición del Ejecutivo a "lo que está en la legislación vigente", esto es, al mantenimiento de la Fiscalía Anticorrupción.

Pero el vicepresidente primero del Gobierno, tras el Consejo de Ministros, suscribió, en su explicación del mantenimiento de la Fiscalía Anticorrupción, la argumentación del fiscal general para su supresión. "La creación de la Fiscalía Anticorrupción data de 1995 y todos los fiscales tienen entre sus funciones la de perseguir la corrupción. Pero la posición del Gobierno es la que está en la ley, cuya modificación no hemos planteado", según señaló.

Mejorar la imagen

El Gobierno interpreta que la creación de la Fiscalía Anticorrupción fue una decisión adoptada por el Ejecutivo de Felipe González en su última fase, a propuesta del entonces ministro de Interior y Justicia, Juan Alberto Belloch, pero tras una iniciativa del PP y con la pretensión de mejorar la imagen de un Gobierno acosado por los escándalos.

El propio Rajoy ha comentado recientemente que los resultados de la Fiscalía Anticorrupción han sido muy escasos. Su principal éxito sería, según la versión del Gobierno, el desenlace de la investigación relativa al ex presidente del Atlético de Madrid y ex alcalde de Marbella, Jesús Gil.

De ahí que hace ya semanas se plantease en el Gobierno la posibilidad de suprimir la Fiscalía Anticorrupción en coincidencia con el abandono del cargo de su titular desde que se creó en 1995, Carlos Jiménez Villarejo. Pero, precisamente, el estallido del escándalo político en la Comunidad de Madrid ha llevado a José María Aznar a mantener este órgano judicial por una cuestión de imagen, ya que su supresión, en estos momentos, podría ser aprovechada por la oposición para acusar al Gobierno ante la opinión pública de que no estaba interesado en combatir la corrupción.

En este sentido, las declaraciones del fiscal general del Estado, favorables a su supresión, sirvieron al Gobierno como globo sonda para calibrar la decisión.

Los pronunciamientos contra la supresión fueron muy duros por parte de los socialistas, del coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, y de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Su portavoz, Antonio Camacho. habló de "depuración ideológica" al referirse al relevo de Jiménez Villarejo y rechazó el argumento de que todos los fiscales puedan investigar la corrupción.