El conflicto de Limasa destapa diferencias entre el alcalde de Málaga y su concejal de Medio Ambiente

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga no consigue generar un ambiente de estabilidad y las desavenencias internas vuelven a reproducirse a propósito de uno de los asuntos más delicados que debe resolver: el conflicto con sus socios privados en la empresa mixta que tiene la concesión del servicio de limpieza y recogida de basuras, Limasa.

El alcalde, Francisco de la Torre, que colocó al frente del área de Medio Ambiente al concejal Bernardo Pinazo, magistrado de lo Civil que fue una de las incorporaciones más llamativas del PP a su candidatura electoral con el cometido específico de resolver el asunto, empieza a ver torcido su propósito. De la Torre ha desautorizado las primeras gestiones hechas por el nuevo edil, que ha propuesto otras fórmulas diferentes a la resolución del contrato que aprobó el pleno el pasado mes de abril y cuya tramitación definitiva está pendiente de dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.

Según publicó ayer el diario Sur, Pinazo incluso habría alcanzado un principio de acuerdo con las empresas privadas que tienen el 51% del capital de Limasa para renegociar el contrato que incluía el compromiso de éstas a pagar los atrasos a los trabajadores antes del 31 de julio, fecha en la que vence el ultimátum dado por el comité de empresa para iniciar una huelga. El rotativo informaba también de que Pinazo dudaba en un informe de la viabilidad de la propuesta del Ayuntamiento de resolver el contrato por incumplimiento por considerarla inconsistente e insuficientemente justificada, con el riesgo de que el consistorio tenga que hacer frente a una indemnización millonaria. El servicio se adjudicó en abril de 2001 por 24 años.

El Ayuntamiento negó ayer que existiera ningún acuerdo, y sólo admitió que Pinazo había barajado otras posibles fórmulas de solución y que como meras hipótesis las había plasmado en un documento "sin ningún carácter oficial".

El consistorio emitió ayer un comunicado en el que asegura que el concejal Pinazo "ha señalado que todos y cada uno de los informes municipales razona jurídicamente los planteamientos defendidos desde el Ayuntamiento" y que son "jurídicamente correctos para defender la decisión aprobada por el pleno para iniciar la resolución del contrato".

El PSOE consideró "gravísimo" que se ponga en duda la viabilidad de la resolución del contrato, porque es darle argumentos a los socios privados. El concejal socialista Francisco Triguero atribuyó el asunto a "la inestabilidad de un grupo municipal que está roto con muchas heridas internas". Igualmente sorprendidos se mostraron los trabajadores, que siguen sin cobrar los aumentos de salario que contemplaba el laudo que puso fin a la huelga que mantuvieron hace un año, y que a partir del 1 de agosto volverán a parar si no hay solución antes.