Acebes ofrece pactar la tercera reforma de la Ley de Extranjería

La tercera reforma de la ley de Extranjería superó ayer su primer trámite en el Congreso de los Diputados, con el rechazo de las enmiendas a la totalidad que habían presentado Izquierda Unida y el Grupo Mixto. El ministro del Interior, Ángel Acebes, ofreció diálogo a la oposición para pactar el nuevo cambio, especialmente a los grupos que no pidieron al Gobierno la devolución de la ley: PSOE, CiU, PNV, Coalición Canaria y Partido Andalucista.

Contra las enmiendas a la totalidad votaron el PP y Coalición Canaria. El PSOE, CiU, PNV se abstuvieron.

Los grupos que sí pidieron el rechazo completo de la propuesta del Gobierno acusaron a éste de haber presentado una reforma electoralista, represiva, involucionista y de propiciar el miedo a la inmigración ilegal con su discurso xenófobo y racista. Y eso que por primera vez en el Congreso, y de forma explícita, Acebes desvinculó la inmigración de la delincuencia: "No es cierto que inmigración sea igual a delincuencia: es falso e injusto".

El ministro del Interior expuso la necesidad de modificar la Ley de Extranjería ante los cambios que la inmigración ha provocado en el mapa social español, especialmente tras haber sido el país "con el crecimiento más rápido de la tasa de inmigrantes de la UE", con 900.000 extranjeros más que en 1996. Acebes defendió la tesis de que el Gobierno pretende fomentar la inmigración legal y reprimir la ilegal, ya que ésta provoca "marginalidad y explotación para actividades denigrantes y, en muchos casos, delictivas".

El titular de Interior, que rechazó que la reforma sea "incoherente", insistió que las tres grandes líneas de la reforma son la simplificación de trámites para la inmigración legal, el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló 11 artículos del reglamento de la Ley de Extranjería y la incorporación de varias directivas europeas.

La ley vincula la entrada legal de inmigrantes a que dispongan de un contrato de trabajo, frena la reagrupación familiar en cadena, niega nuevos procesos de regularización y recaba la colaboración de las compañías de transportes para controlar la entrada de extranjeros y de los ayuntamientos para que identifiquen en su padrón a los foráneos.

Acebes tuvo que oír duras acusaciones a la política de inmigración del Ejecutivo realizadas por los representantes de Chunta Aragonesista, Iniciativa per Cataluña, ERC, Eusko Alkartasuna, BNG y, sobre todo, Izquierda Unida. Incluso quienes no presentaron enmiendas a la totalidad criticaron duramente la ley y anunciaron una catarata de enmiendas parciales, especialmente el PNV, el PSOE y CiU.

Los representantes del Grupo Mixto coincidieron en que se trata de una ley represiva, que agudiza un modelo migratorio "injusto e ineficaz", según Juan Antonio Labordeta; que endurece las condiciones de entrada "y refuerza el papel de los que explotan" a los inmigrantes, adujo Joan Puigcercos, o propia del "discurso de extrema derecha europea, que aquí defiende el PP".

El diputado de IU Felipe Alcaraz, el único que presentó un texto alternativo a la ley, dijo que la reforma "profundiza en un discurso xenófobo y racista preventivo", que introduce restricciones a los inmigrantes "para empeorarles la vida todo lo que se pueda, hasta convertirla en un infierno" y que introduce novedades "involucionistas". Alcaraz reclamó que se reconozcan a los inmigrantes los derechos de sindicación, asociación, reunión y huelga y que se aborde un nuevo proceso de regularización para dar salida "a esos 500.000 o 600.000 inmigrantes irregulares que viven en la marginalidad".

El apoyo más fiel a las tesis del Gobierno vino de Coalición Canaria, cuyo portavoz, Luis Mardones, llegó a decir que una avalancha migratoria sobre el archipiélago canario podría provocar "distorsiones en el modelo de convivencia y en la forma de vida".