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Tribuna:

En defensa de las cajas de ahorro valencianas

Las Cajas de Ahorro se enfrentan, de nuevo, a una ofensiva de la gran banca para limitar su función en el sistema financiero español. En las últimas semanas, los dirigentes económicos del PP y los responsables del Banco de España han efectuado duras declaraciones públicas que pretenden coartar notablemente su actividad. Y si unos las han advertido de la necesidad de moderar el fuerte aumento de la inversión crediticia, otros han "aconsejado" que limiten la expansión a sus territorios tradicionales o cómo deben de colocar las posibles emisiones de cuotas participativas. De forma nada sorprendente, nada se ha dicho sobre el aumento de la inversión crediticia de los dos grandes bancos que acaban de lanzar sendas campañas de aumento de la inversión crediticia en el mercado hipotecario, núcleo característico de la actividad de las cajas. Ni sobre otras sociedades, como las grandes superficies comerciales, que de forma progresiva están penetrando también en este segmento del mercado.

Ello afecta plenamente a las tres cajas valencianas que constituyen un elemento fundamental de nuestra economía. Las dos más importantes, CAM y Bancaixa, han alcanzado un tamaño que no admite vuelta atrás en su expansión exterior. Sometidas a una fortísima competencia en la Comunidad Valenciana, ante la irrupción de la banca privada y de otras cajas foráneas en ella, ambas necesitan, además de mejorar su eficiencia en la red tradicional, poder competir en aquellas áreas en donde determinen que pueden contribuir a mejorar sus resultados. De otra forma, a medio plazo, las economías de escala de los competidores acabarán por deteriorar su cuenta de resultados, elemento central de la función social que realizan a través de su obra social.

Esta nueva ofensiva en contra de las cajas de ahorro no es nueva. Hace unos años, ya se orquestó una campaña mediática para intentar modificar su estatuto jurídico. Ni, tampoco, se produce en el vacío. Tiene lugar tras la aprobación en noviembre pasado de la denominada Ley Financiera, presentada precipitadamente en medio del escándalo de Gescartera para tratar de desviar la atención sobre las irregularidades cometidas y cuando está a punto de aprobarse una nueva ley, ésta sobre la transparencia del sistema financiero. Si la primera fue una chapuza, en la nueva ley, a pesar de estar dirigida a las empresas financieras que cotizan en Bolsa, la mayoría absoluta del PP ha aprovechado para obligar a las cajas a crear dos nuevas comisiones delegadas de sus consejos de administración. Las cuales, nada sorprendentemente, no son de aplicación a las empresas cotizadas, como si la transparencia de éstas en relación con los pequeños accionistas no necesitara de una urgente y radical mejora.

Esta nueva ofensiva contra las cajas de ahorro se enmarca en un contexto general dominado por la pretensión del PP de consolidar un sistema financiero basado en la posición dominante de los dos grandes bancos. Y en el cual las cajas de ahorro tengan un papel subsidiario, de mero estabilizador del duopolio bancario. En otras palabras, se trata de limitar la competencia que las cajas representan para la banca privada. Lo cual, de tener éxito, supondrá precios más elevados y a una peor calidad de los servicios financieros, al margen de una reducción de la función social que realizan las OBS. Para ello nada mejor, en opinión del PP, que colocarlas continuamente en los medios de comunicación por elementos ajenos a sus resultados o a su obra social, para intentar conseguir deteriorar la sólida imagen con que cuentan y la solvencia de sus balances. De esta forma, la entrada a medio plazo del capital privado a través de las cuotas participativas podría presentarse como una necesidad para mejorar su solvencia y eficiencia.

Frente a esta ofensiva del PP, los socialistas defendemos la plena validez de su estatuto jurídico actual y luchamos por mejorar la transparencia y profesionalidad de su gestión. Es la garantía para que puedan desarrollar su actividad económica y social. Por ello, hemos propuesto un control estricto de que los consejeros de las mismas sean personas de reconocida solvencia en el terreno de la economía o las finanzas a la que se ha negado el PP. Por ello, también, hemos propuesto, con la oposición del partido gobernante, regular de manera eficaz un sistema de incompatibilidades para garantizar que cualquier miembro de sus órganos de gobierno defienda en exclusiva los intereses de la entidad y no los de sus empresas. Por ello, en fin, hemos defendido el criterio de proporcionalidad, vigente ya en numerosas Comunidades Autónomas, a la hora de elegir a los representantes en sus órganos de gobierno por parte de las instituciones públicas para asegurar unos órganos de gobierno plurales, además de competentes, porque plural es la sociedad valenciana.

Bancaixa, la CAM y Caixa Ontinyent son un instrumento fundamental de nuestra economía, tanto a través de su actividad financiera como a través de su función social, cada día más patrimonializada por la Administración del PP. Por eso mismo nos hemos negado siempre a considerarlas objetivo de la confrontación partidaria y hemos demostrado reiteradamente nuestra prudencia y responsabilidad a la hora de mostrar nuestra radical discrepancia con las injerencias de la anterior administración autonómica en su funcionamiento, convencidos de que actuar de otra forma era favorecer los objetivos del PP de deteriorar su imagen. Porque Bancaixa, la CAM o Caixa Ontinyent son de todos los valencianos defendemos mejorar continuadamente su eficiencia y competitividad. Por lo tanto, en forma alguna estamos dispuestos a aceptar pasivamente limitaciones para competir frente a la banca ni, menos todavía, ningún intento de privatización encubierta como la que se pretende con las cuotas participativas.

Ricard Torres es secretario de Economía del PSPV-PSOE.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de julio de 2003