Un perito ve "desproporción" en las adjudicaciones del ex director de Sondika

El perito nombrado por el juez que investiga la presunta estafa del ex director del aeropuerto de Bilbao, Segismundo López-Santacruz, ha considerado que durante su gestión hubo una "desproporción y excesiva concentración de adjudicaciones" de contratas a dos empresas del mismo dueño. El informe solicitado hace un año por el juzgado, confirma el contenido de la auditoría interna que realizó Aena (el ente estatal que gestiona los aeropuertos) en 2001 y que motivó el despido de López-Santacruz. El perito constata contratos fechados "antes de la adjudicación" y "concentración de funciones" del ex director en los procesos de contratación.

La auditoría interna que realizó Aena en abril de 2001 lanzaba duras acusaciones contra López-Santacruz, que se encuentra imputado por presuntos delitos de estafa, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos durante su gestión al frente del aeropuerto bilbaíno entre 1997 y 2001. Aquel informe centraba las irregularidades en dos aspectos: los contratos de arrendamiento de la vivienda del entonces director y la contratación de obras.

Concluía que el ex director adjudicó a dedo obras por valor de 5,4 millones de euros a un solo constructor, el abono de 400.000 euros por trabajos no ejecutados y la obtención de beneficios de hasta 100.000 euros con la operación de pago a su madre del alquiler de la vivienda que sufragaba Aena. La auditoría expresaba que manipuló los nombres de su madre, Ángeles Alonso Pérez, para que no se conociera su parentesco "y los recibos estaban a nombre de M. de los Ángeles Perez Alonso".

El juzgado de instrucción 7 de Bilbao, que se encarga del caso del ex director del aeropuerto, ha recibido el informe pericial, fechado el pasado 10 de junio, que corrobora la auditoría de Aena.

El perito precisa que las empresas Enrique Otaduy S.L. y Larrañeta recibieron el 51% del importe de adjudicaciones con certificaciones: casi 7 millones de euros del total de 13,6 millones de 88 expedientes. "Son empresas que están vinculadas accionarialmente, compartiendo administrador único, domicilio social, teléfono, fax y socios, a pesar de lo cual se les ha solicitado ofertas para un mismo expediente", señala, "habiendo resultado adjudicatarias por contratación directa". Añade que socios de las dos empresas crearon otra compañía, Aeropress, que recibió adjudicaciones del área comercial del aeropuerto (una librería, una parafarmacia y un local de deportes) "a pesar de carecer de experiencia".

En su análisis de las contrataciones, el perito constata adjudicaciones directas sin justificar los motivos, falta del pliego de prescripciones técnicas, ausencia de evaluación económica e incluso el caso de un expediente en el que "el contrato está fechado antes que la adjudicación".

El estudio del perito ve también una "concentración de funciones en la persona del director" en los procesos de adjudicación, que van desde la redacción de los pliegos técnicos hasta la dirección del expediente.

Asegura que "en general" se incumplieron las normas en las compras menores y gastos, sin aprobación previa del área de administración y "tampoco hay constancia de que se hayan solicitado varios ofertas o presupuestos". Extiende las anomalías a la contratación de los locales comerciales en el aeropuerto. Por ello, el perito señala como conclusión final la existencia de un "incumplimiento generalizado de los procedimientos de control".

El juez de este caso espera ahora otro informe pericial sobre el origen del patrimonio de López-Santacruz, su esposa y su madres, a quienes el pasado año el magistrado les incluyó también como imputadas. Según la investigación de la Policía Judicial, existen 1,2 millones de euros sin justificar en las cuentas bancarias de los tres imputados.