'Narcos' de rebajas en Barbate

Algunas tiendas de Barbate ofrecen productos sin competencia todo el año. Prendas de marca auténticas a precios increíblemente rebajados. La gente de los alrededores lo sabe y acude en busca de la ganga. En el pueblo sospechaban de estas ofertas. Desde hace una semana tienen la certeza: es una forma como otra cualquiera de blanquear dinero del narcotráfico.

Hace unos meses comenzaron a circular por Barbate unos panfletos anónimos con un título sugerente: "El Comercio y el Narcotraficante". El anónimo decía lo siguiente: "El comerciante sabe lo que cuesta mantener un negocio para que vengan unos narcotraficantes y con toda la facilidad del mundo monten un negocio para blanquear sus millones. Es por este motivo por lo que vemos necesario hacer este escrito, para que el pueblo sepa que los narcotraficantes están montando negocios a costa de la droga, así destruyendo al comerciante de toda la vida y la imagen de Barbate. Por eso os pedimos que si no queréis que desaparezca el comercio honrado y sólo quede el de los narcotraficantes no compréis en los comercios que están hechos de la droga. Estos son algunos [y cita los nombres de los comercios]. Poco a poco están destruyendo el pueblo y ahora quieren destruir el comercio. Si no hacemos nada sólo van a quedar en el pueblo cuatro viejos y los narcotraficantes".

"Lo que ha pasado no tiene explicación. Con lo que hace la fiscalía da gusto ser 'narco"

Circulan por Barbate unos panfletos anónimos titulados: "El Comercio y el Narcotraficante"

Algunos de los dueños de tales negocios fueron detenidos la madrugada del pasado lunes tras la mayor redada que la Guardia Civil había organizado en un pueblo como Barbate (22.000 habitantes), castigado desde hace décadas por la droga. Se registraron 60 domicilios, fueron detenidas 41 personas y se requisaron joyas, dinero y armas. Concluía así la operación Estela, cuyas investigaciones datan del 19 de septiembre de 2002 y habían permitido la incautación de 6.600 kilos de hachís en varias actuaciones. Las autoridades celebraban en rueda de prensa la desarticulación de tres redes de narcotraficantes con sede en Barbate. Y, sobre todo, de sus cabecillas. Eran empresarios y comerciantes.

Atrás quedaban en la memoria algunas secuencias de hace un par de años, cuando la convivencia en Barbate estaba tan deteriorada que los jóvenes bosquimanos con sus motocicletas sin matrículas y pagadas al contado con bolsas de dinero se habían hecho con el control de las calles, la Guardia Civil era continuamente asediada y fallecía a palos un agente de la Policía Local. En Barbate se batían, por entonces, récords de ventas de ciclomotores. Las protestas vecinales y los escándalos motivaron que se reforzase el cuartel de Barbate y comenzase a disminuir tal estado de violencia. Aun así, los cabecillas no llegaron a ser molestados y sus negocios comenzaron a prosperar. Hasta la madrugada del lunes, cuando 150 guardias rodearon el pueblo y llamaron a sus puertas.

Pero cinco días después, la alegría se ha tornado en indignación: 14 de los últimos 24 detenidos han sido puestos en libertad. La Fiscalía de Cádiz pide la nulidad del proceso y de todas las investigaciones llevadas a cabo durante un año. Llega a sostener que "ante la presión social" no solicita la libertad de todos los detenidos. Las asociaciones antidroga de Cádiz se declaran indignadas. El viernes por la tarde se reúnen con el alcalde de Barbate y deciden actuar: tanto el Ayuntamiento como el colectivo de asociaciones se presentarán como acusación particular en el proceso. "Los narcos ya no necesitan abogados", llega a decir Antonio Rodríguez, del colectivo antidroga de Barbate. "Ya tienen la Fiscalía".

No es la primera vez que un hecho así sucede en Cádiz en el transcurso de un año. Cada vez que el juez del número 3 de El Puerto de Santa María, Miguel Ángel López Marchena, pone en marcha una operación a gran escala, la Fiscalía de Cádiz pone el freno. Se habla de diferencias personales entre el fiscal jefe, Isidoro Hidalgo, y el juez, que se han cruzado duras acusaciones en sus escritos. Acusa al juez de afán de protagonismo, pero asociaciones antidroga y partidos políticos están con él. "Tenemos un juez que busca la cabeza de las organizaciones. Eso es lo que llevamos pidiendo durante años", sostiene Francisco Mena, del colectivo antidroga de Cádiz. "Es un juez comprometido que está haciendo una labor magnífica", dice el diputado del PP Aurelio Sánchez, "porque busca a los jefes y no sólo a los pequeños camellos. Lo que ha pasado no tiene explicación. Con lo que hace la fiscalía da gusto ser narco. Estamos hartos de lo que está pasando". Hace unos meses, la Diputación de Cádiz, gobernada por el PSOE, le concedió la medalla de oro por unanimidad.

Hace un año, la fiscalía evitó que se llevara a cabo un macroproceso con 140 detenidos en Sanlúcar de Barrameda, dividiéndolo en muchas piezas separadas. Ahora llega el caso de Barbate. Y la gente no lo entiende.

Todo empezó el 19 de septiembre de 2002, cuando Vigilancia Aduanera detuvo a unos narcotraficantes con 1.200 kilos de hachís en El Puerto de Santa María. Uno de ellos trabajaba para las redes de Barbate. El caso se lo pasaron a la Guardia Civil y ésta acudió al juez, conocido como el Garzón de El Puerto. Y el juez empezó a tirar del hilo. Empezaron con lo más simple en estos casos: pinchar los teléfonos y evaluar la complejidad de la red. Durante los siete primeros meses, las investigaciones fueron dando frutos: se vislumbraban tres redes suficientemente organizadas como para tomar la droga en sitios tan dispares como Huelva o Alicante y enviarla en camiones a Inglaterra; como para contar con un italiano afincado en Marbella que proveía al grupo de automóviles robados para los transportes. Cobraban en libras esterlinas que se ingresaban en Gibraltar y luego eran sacadas a España y cambiadas en bancos de Algeciras. Uno de los miembros de la red era el encargado de invertir los ingresos. Las redes eran de Barbate, pero actuaban frecuentemente fuera.

De cada pinchazo telefónico salían nuevos teléfonos. Una sola persona llegaba a usar diez tarjetas en unos meses. Se compran tarjetas de pago para una operación y se destruyen una vez acabada. Cerca de 60 investigadores de la Guardia Civil estaban en el asunto.

En esos primeros momentos, la fiscalía no había puesto casi ninguna pega. Una sola: pidió la libertad del primer detenido aquel 19 de septiembre. El juez no tuvo más remedio que acceder. Pero la Guardia Civil no dejó de vigilarlo y al mes y medio volvió a detenerlo con un alijo de droga en un doble fondo de un automóvil. A los siete meses, la fiscalía decide entrar en juego. El 7 de abril solicita la nulidad de todas las intervenciones telefónicas que se solicitaron el 14 de octubre, siete meses antes. Y empieza la pelea.

Para la fiscalía todo es nulo desde que empezó porque entiende que el caso debió llevarse desde Barbate y no por este juez. Y cambia el fiscal del caso. El juez no acepta la nulidad y sigue adelante. La fiscalía llega a pedir la destrucción de todo los oficios policiales, cintas de cassette y documentos, un hecho sin precedentes. Tras el final de la operación, empieza a pedir la libertad de los detenidos para alborozo de sus abogados.

El alcalde de Barbate, Juan Manuel de Jesús, es un hombre joven, 43 años. Siempre se ha significado contra el narcotráfico. El martes viaja a Madrid con la intención de entrevistarse con el ministro de Justicia. Ayer recibió una llamada de uno de los detenidos recién puesto en libertad. "Te llamo para darte las gracias por tu colaboración", le dijo. Y colgó el teléfono. Era un aviso.