Hermosín reconoce que se ha duplicado el presupuesto de Justicia pero no su eficacia
La Junta recibió hace seis años la gestión de una parte de la administración de Justicia "con muchísimas deficiencias, obsoleta y con poco rendimiento y desde que asumió las transferencias ha duplicado el presupuesto pero no se puede decir que haya doblado el servicio", reconoció ayer la consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín. En este período, Justicia ha pasado de menos de 120 millones de euros anuales a más de 240. La consejera clausuró en Ronda un curso de verano de la Universidad de Málaga sobre La eficiencia del sector público. Uno de los directores del curso, el presidente de Unicaja, Braulio Medel, resaltó que los gobiernos europeos -puso un reciente ejemplo del Reino Unido- se siguen preocupando mucho más de tomar medidas para mejorar la eficacia del sector privado, que de los servicios públicos.
Medel destacó una tesis esgrimida durante el curso: "Sin una peseta más se puede mejorar en un 25% la eficacia de la Justicia en España", argumento defendido durante la mesa redonda del jueves por la profesora Carmen Vargas Pérez, del Centro de Investigación en Derecho y Economía (CINDE). Hermosín explicó que "la Justicia además de un poder del Estado es un servicio público esencial, que se diferencia de otros en que es el único que no se puede conveniar con terceros" y añadió su determinación para contribuir a mejorar su funcionamiento.
La consejera matizó "las competencias sui géneris de la comunidad autónoma en materia de Justicia, con unas competencias limitadas en la reorganización de las retribuciones del personal, una mejora paulatina del material y un incremento de las inversiones". Antes, hablando genéricamente de toda la Administración, había dicho que "no sólo con más presupuesto se resuelven los problemas del sector público". Sobre este asunto reconoció limitaciones y retrasos: "No hemos podido entrar a utilizar mejor y con más eficacia los recursos humanos en la Administración". Atribuyó una parte importante de esta responsabilidad "al Gobierno del Partido Popular, que no ha tenido interés en reformar el estatuto de la función pública, para eliminar rigideces en los accesos y en la política retributiva". Admitió una crítica lanzada por Braulio Medel sobre la escasez de incentivos para los empleados públicos: "Es cierto que es una carrera muy corta, hay quien puede alcanzar el máximo nivel en seis, siete u ocho años y ya no hay más; lo que supone un escollo profesional y económico".
Medel resumió su intervención sobre la eficiencia con cuatro conclusiones: Pidió a los representantes públicos mayor concreción de prioridades y objetivos. Planteó que se justifique cualquier medida pública por el resultado y no por el aumento o descenso de la inversión. Exigió transparencia informativa. Y constató que el debate de los instrumentos ideológicos -las nacionalizaciones, por ejemplo- ha perdido fuerza.
