El Gobierno aprueba crear una agencia vasca de protección de datos

El Gobierno aprobó ayer un proyecto de ley que creará la Agencia Vasca de Protección de Datos y regulará los ficheros de carácter personal de titularidad pública. La agencia será la autoridad de control sobre los ficheros gestionados por las instituciones vascas. La vicelehendakari aseguró que el Ejecutivo tendrá en cuenta las alegaciones presentadas por las cajas de ahorro al polémico proyecto de reglamento.

El Gobierno creará por medio de un proyecto de ley aprobado ayer, y que enviará al Parlamento, la Agencia Vasca de Protección de Datos. La nuevo figura tendrá carácter de autoridad de control sobre los ficheros públicos -los privados quedan al margen- gestionados por instituciones de la comunidad autónoma, tanto comunes como locales.

El Gobierno crea la agencia al amparo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos que estableció la Agencia nacional y estableció que las funciones asignadas a ella sean ejercida por los órganos correspondientes de cada comunidad, cuando afecten a ficheros públicos regionales o locales. La misma ley delimitará los ficheros que quedan sujetos a ella, total o limitadamente y regulará su creación, modificación y supresión, así como su seguridad y los procedimientos de reclamación. Igualmente, crea un registro y tipìfica las infracciones y sanciones, con especial atención a las que sean cometidas por personal al servicio de las administraciones. La ley obligará a la comunicación a la nueva Agencia de los ficheros existentes, regula el uso de los datos del padrón municipal por las administraciones autonómicas y forales e incluye una disposción sobre el respeto a las competencias del Ararteko y de la Agencia de Protección de Datos del gobierno central.

Por otra parte, la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia,señaló que el Gobierno "tendrá que contemplar" las alegaciones de las cajas de ahorros vascas al proyecto al reglamento, que consideran muy intervencionista. Zenarruzabeitia, valoró como "muy interesantes" las recibidas.

El Ejecutivo aprobó también, a iniciativa del lehendakari, una valoración sobre el desenlace absolutorio del juicio por el asesinato de Santiago Brouard. El Gobierno muestra su "pesar y consternación, no exenta de indignación" y considera "insólito" y "descorazonador comprobar que "20 años no han sido suficientes para esclarecer el asesinato político". El acuerdo afirma que "el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo" han quedado deslegitimados socialmente por no esclarecer el crimen.

Por su parte, el portavoz del Gobierno, Josu Jon Imaz, señaló que el presidente del Gobierno, José María Aznar, ha demostrado durante el debate sobre el estado de la nación que tiene "un proyecto de ruptura" para Euskadi. "En los últimos 20 años no ha habido ni persona ni partido ni organización que haya hecho más por romper los vínculos entre Euskadi y España que el presidente Aznar", dijo.

El Gobierno aprobó destinar 2 millones de euros a la euskaldunización del profesorado y 5 más a centros privados con personal del programa Irale. También dio luz verde a ayudas para la contratación de auxiliares de educación especial y la edición de textos en euskera para la enseñanza universitaria, y autorizó un convenio con la Diputación guipuzcoana para la asistencia sanitaria en unidades residenciales.