Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Editorial:

La mordaza de Putin

El cierre de TVS, el único canal de televisión independiente que quedaba en Rusia, y la aprobación por la Cámara alta de nuevas medidas restrictivas a la Ley de Prensa establecida en 1991 bajo el empuje aperturista, es un paso que cercena el pluralismo informativo en vísperas de los comicios parlamentarios de diciembre y los presidenciales de marzo. Putin quiere asegurarse una reelección que parecen garantizar los sondeos.

El deterioro de las libertades públicas en Rusia y la simultánea homologación política de Putin en el exterior no es casual: el presidente ruso ha demostrado habilidad para explotar ante la diplomacia europea y norteamericana la estabilidad y fiabilidad que aporta tras los caóticos años de Yeltsin. Las alarmantes noticias acerca del comportamiento del Ejército ruso en Chechenia hubieran bastado para poner en cuarentena internacional a cualquier otro líder; pero Putin ha conseguido que en los últimos años la cuestión chechena se tratase con sordina.

Las severas trabas impuestas a la libertad de expresión por el Gobierno de Putin podrían, de modo parecido, ser ignoradas por sus amigos occidentales, con el agravante de que en este caso lo que se está dirimiendo en Rusia es un auténtico proyecto de perpetuación en el poder mediante procedimientos que podrían convertir definitivamente el incipiente sistema democrático que sustituyó al régimen soviético en un simple cascarón vacío para un nuevo autoritarismo. En la estela de la toma por el Gobierno en 2001 del canal NTV con el cierre de TVS, Putin se ha garantizado el práctico monopolio de la información.

Las enmiendas aprobadas a la Ley de Prensa constituyen un eficaz instrumento en manos del Ejecutivo para asfixiar los resquicios de libertad que pudieran subsistir en los medios impresos. La ambigüedad de las infracciones que se contemplan, como la que impide difundir informaciones sobre la vida y actividades de los candidatos o el peso de las comisiones electorales para iniciar los expedientes de suspensión temporal de los medios, prefigura un férreo control de la prensa por parte del Gobierno, incompatible con el libre y normal desarrollo de cualquier sistema democrático digno de ese nombre.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de julio de 2003