Luis Lucia, entre las dos Españas

"Es enemigo de todo procedimiento de violencia, es defensor de la democracia y de las vías legales, es de respeto absoluto al poder constituido". Así argumentaba en clave acusatoria la sentencia del tribunal franquista que condenó a muerte a Luis Lucia en 1939. Su delito: el envío de un telegrama de adhesión al Gobierno republicano a las once de la mañana del 18 de julio de 1936. La pena capital fue conmutada por cadena perpetua y, tras casi tres años de prisión, por confinamiento en Mallorca, con prohibición de ejercer su profesión. Anteriormente había conocido dos años de cárcel republicana. Luego, como ocurriera con otros dirigentes de la República, cayó sobre Lucia el manto de silencio de la censura.

Tras décadas de olvido franquista, de efectos más prolongados de lo que cabía esperar, la transición en historiografía se completa a medida que nuestra sociedad recupera la memoria de los héroes de la España moderada, de aquellos por quienes nunca habría habido guerra. A ello ha contribuido la reciente presentación en la Residencia de Estudiantes por Juan Pablo Fusi, Javier Tusell y Paul Preston del libro En el filo de la navaja, biografía política de Luis Lucia escrita por Vicent Comes. Como señaló Preston en esa ocasión, pocas figuras hay tan merecedoras como Lucia de ser incluidas en esa tercera España que sufrió la persecución de ambas partes. El propio Indalecio Prieto -su homólogo en moderación y diálogo- reconoció más tarde que también "la República cometió con Lucia una injusticia". En efecto, Negrín forzó finalmente su procesamiento, a pesar de su probada fidelidad a la República y en contra del criterio de la Comisión de Suplicatorios.

Tusell ha recordado el papel de Lucia como referente e ideólogo de la primera Democracia Cristiana en España, de la que Ruiz Giménez lo considera fundador. Así fue en 1922, cuando la ARAC reunió a elementos desencantados del carlismo valenciano que iniciaron una evolución hacia posiciones sociales y democráticas. No quisieron colaborar con la dictadura de Primo de Rivera y, reaparecidos luego como Derecha Regional Valenciana, llevaron a cabo una ingente labor de persuasión para que la derecha monárquica aceptara la "accidentalidad de las formas de gobierno" y acatara el nuevo régimen republicano. Bajo esa inspiración surge, a escala nacional, la CEDA, de la que Gil Robles fue presidente, siguiendo Lucia en Valencia como vicepresidente.

Pero la DRV mantuvo su personalidad como avanzada social cristiana dentro de la CEDA. En los debates sobre la propiedad agraria, Lucia siempre defendió propuestas sociales coincidentes con las de Giménez Fernández, como queda fielmente reflejado en el diario personal del político sevillano. Los intentos reformistas de ambos -aplaudidos por la oposición de izquierda- se vieron traumáticamente frenados por elementos del propio partido, que no cesaron de presionar hasta conseguir desalojar a Giménez Fernández del Ministerio de Agricultura. Era el precio de una expansión que había obligado a la CEDA a incorporar a sectores reaccionarios lejanos a su inicial inspiración valenciana, coste que se agravó cuando tuvo que buscar a su derecha el apoyo del Partido Agrario, de indudables resabios caciquiles.

El gran proyecto social de Lucia al frente del Ministerio de Obras Públicas fue el llamado "gran plan de obras pequeñas", que preveía múltiples actuaciones de bajo coste con las que se esperaba solucionar los problemas más inmediatos de la población. El proyecto, respaldado por todos los sectores del Parlamento, favorecía sobre todo a los pequeños pueblos -hasta entonces bastante desasistidos- y ofrecía una solución de corte keynesiano al creciente problema del paro. Sin embargo, la repentina disolución del Parlamento a finales de 1935 impidió su aplicación.

Esta disolución frustró también su gran objetivo, la aprobación del Estatut Valencià, reclamado desde 1930 en su libro programático En estas horas de transición. Ya en 1934, su proximidad a los nacionalistas democristianos vascos y catalanes había generado la primera gran discordancia pública de los valencianos en el seno de la CEDA, cuando la DRV votó a favor del Estatuto vasco frente a la mayoría de su grupo parlamentario. Las divergencias se acrecentaron en los críticos momentos de diciembre de 1935, cuando Lucia fue pieza clave en los diversos intentos de Alcalá Zamora de formar un Gobierno que aglutinara los sectores moderados de la derecha y de la izquierda, intentos que Prieto renovó en primavera de 1936 al tratar de formar un Gobierno de concentración junto con Lucia y Giménez Fernández con intención de atenuar la creciente tensión política.

Pero la paz era ya muy difícil, debido sobre todo a la deriva golpista de un sector de la derecha, tendencia que se acentuó tras la disolución del Parlamento y la victoria del Frente Popular. Cuando Lucia regresa a Valencia tras permanecer siete meses al frente de su ministerio, se encuentra con que ese sector se ha infiltrado en las juventudes de su propio partido, por lo que releva inmediatamente a su principal dirigente. Cuentan sus hijas que en aquella época se indignaba al escuchar lemas fascistas del tipo "Los jefes nunca se equivocan". "¡Puñeta!", decía golpeando la mesa "¿y por qué no nos podemos equivocar?". Sin embargo, no consiguió depurar plenamente a aquellos sectores y finalmente algunos militantes de su partido estuvieron implicados en la conjura. Como declaró públicamente hace unos años uno de los organizadores del golpe en Valencia: "Le ocultamos todos los preparativos a Lucia porque nunca lo hubiera aprobado. Él acertó. Nosotros nos equivocamos".

Ignacio Sols Lucia es catedrátido de Álgebra de la UCM.