Todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, reclaman el traspaso de la Forcem

Todos los grupos parlamentarios catalanes, incluido el PP, firmaron ayer una declaración conjunta promovida por el Gobierno catalán y los agentes sociales para reclamar al Ejecutivo central el traspaso de los fondos de formación continua en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado que reconoce que estos fondos, actualmente gestionados por la Forcem, son competencia de las comunidades autónomas. El documento emplaza al Gobierno catalán a "usar todos los medios políticos y jurídicos" si el traspaso no se hace efectivo este año.

El acuerdo alcanzado ayer, que todos los firmantes coincidieron en calificar de "histórico" e "inédito", es una nueva medida de presión para reforzar el ultimátum lanzado hace un mes por el consejero de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, Antoni Fernández Teixidó, que, arropado por sindicatos y patronales, amenazó con emprender medidas legales si el Ejecutivo del PP no acataba la sentencia de inmediato. Está en juego la gestión de unos 120 millones de euros con los que cada año se ofrece formación continua a 300.000 trabajadores catalanes.

La batalla por estos fondos se remonta una década atrás, cuando el Gobierno central y los agentes sociales constituyeron la Fundación para la Formación Continua (Forcem) para gestionarlos de forma tripartita a nivel estatal. El Ejecutivo catalán presentó un recurso de inconstitucionalidad al entender que se invadían competencias autonómicas, y en abril del año pasado el Tribunal Constitucional le dio la razón. En virtud de esta sentencia y tras el escándalo de presuntas irregularidades de esta fundación, el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, anunció una reforma del sistema que preveía dar entrada a las comunidades autónomas.

Se inició así una ronda de contactos entre Teixidó y Zaplana que, tras siete meses de negociaciones, no fraguó en acuerdo. En paralelo, el Ejecutivo catalán, los sindicatos CC OO y UGT y las patronales Fomento del Trabajo y Pimec-Sefes avanzaban en la definición de un modelo para Cataluña que daba luz verde a la constitución de un consorcio autonómico a tres bandas para gestionar estos fondos, que se nutren de las cotizaciones de los trabajadores, una vez fueran transferidos.

Pero de aplicarse el modelo propuesto por Zaplana, este consorcio quedaría prácticamente vacío de contenido, pues el ministro plantea que sean las empresas con más de siete trabajadores las que planifiquen y gestionen sus propias acciones formativas a través de un sistema de bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, en vez de recibir subvenciones como hacen ahora. El Ejecutivo y los agentes sociales catalanes reclaman que esta vía sólo afecte a las compañías de más de 150 empleados, al entender que las pequeñas y medianas empresas no tendrán la capacidad, ni organizativa ni económica, para ejecutar esta formación.

Pero tampoco en este punto hubo acuerdo con Zaplana, que aplazó hasta 2004 la reforma del sistema y prorrogó para este año el modelo actual. Teixidó dio por rotas las negociaciones y pasó a las amenazas.

Ahora ha conseguido la complicidad de todos los grupos parlamentarios. La declaración firmada ayer es lo suficientemente descafeinada para que el PP catalán la rubricara, ya que su postura difiere significativamente de la del resto de grupos. La diputada del PP Alicia Sánchez Camacho dejó claro que, a su entender, el traspaso de los fondos debe ir acompañado de la reforma del modelo, prevista para 2004. El resto de grupos, en cambio, reclama el traspaso inmediato y lo desvincula de los cambios que luego se introduzcan. Además, la diputada del PP quitó hierro a la mención del documento que emplaza al Gobierno catalán a usar "todos los medios"si el traspaso no se hace efectivo en 2003. Teixidó anunció que recurrirá la convocatoria de formación continua para este año si no se ha traspasado.

A pesar de apoyar esta iniciativa, los partidos de la oposición achacan en parte al Gobierno catalán el incumplimiento de la sentencia. El diputado socialista Josep Maria Rañé considera que Teixidó ha errado al plantear una negociación con Zaplana, motivada por su "dependencia" del PP: "Las sentencias no se negocian, sino que se aplican". También Josep Huguet, de ERC, cree que el ultimátum llega tarde, fruto de esta "sumisión". Josep Lluís López Bulla, de ICV, insiste en que Teixidó no ha presionado lo suficiente para acabar con la "soberbia" del Gobierno central.