Los inmigrantes vuelven a la calle para pedir solidaridad y papeles

Sólo con permisos de trabajo se resolverá el problema de las cerca de 600 personas que malviven en los cuarteles de Sant Andreu de Barcelona. Los inmigrantes que allí se hacinan expresaron ayer su voluntad de colaborar con las autoridades para limpiar los deteriorados cuarteles y evitar así más molestias a los vecinos. A cambio piden que no se les desaloje y que se les conceda un permiso de trabajo. Y es que, en opinión de los inmigrantes, la actual Ley de Extranjería y la restrictiva política del Gobierno en materia de inmigración son las verdaderas "culpables" de su situación.

Los inmigrantes expresaron estas demandas durante una concentración que anoche reunió a un centenar de personas ante la sede del distrito y en la que aprovecharon para pedir la solidaridad de unos vecinos cada vez más preocupados por el mal olor de la basura acumulada en los cuarteles y por la inseguridad que, dicen, se ha apoderado del barrio. Los inmigrantes niegan tajantemente ser los culpables de esta situación, aunque en el comunicado que leyeron afirman: "La solución definitiva sólo llegará cuando podamos costearnos con nuestro propio esfuerzo una vivienda".

Por este motivo piden su regularización. Mientras ésta no llegue, los 600 habitantes de los cuarteles, de 30 nacionalidades, deberán permanecer en la precariedad. Yerko Toro, uno de los líderes de los inmigrantes, criticó también la "presión policial" a la que se ven sometidos y afirmó: "Nadie vive aquí porque quiere, nos vemos obligados a ello".

Ya sin la presión de unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina, el equipo de gobierno del Ayuntamiento mantiene que "no se puede hacer nada hasta que no haya un pronunciamiento del juez". Y nada es nada. Hasta el punto de que para entrar a limpiar los abundantes escombros y las toneladas de basura que se acumulan en los cuarteles hace falta que el juez conceda el permiso correspondiente.

En el Ayuntamiento se confía en una solución rápida para los malos olores, ya que esperan que el juez autorice a corto plazo la entrada de la brigada municipal a las antiguas dependencias militares. "Aunque la limpieza de una instalación depende de sus propietarios en primer lugar", recuerda un portavoz municipal. Y el propietario es el Ministerio de Defensa. En las últimas semanas, tanto el ministerio como el Ayuntamiento han estado negociando este aspecto, pero hoy por hoy no hay ningún pacto firmado entre ambas instituciones. Así lo afirmó a este periódico un portavoz ministerial que se limitó a afirmar que "el ministerio quiere que el conflicto se solucione lo antes posible".

Pero aparte del problema de la limpieza y la salubridad, que se agudiza día a día, los habitantes de los cuarteles no pueden dejar de pensar en su situación personal. Por este motivo aceptaron reunirse la semana pasada con el nuevo concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento, Ricard Gomà, quien se comprometió a mantenerles informados de cualquier novedad que pueda producirse. La reunión provocó malestar en la Delegación del Gobierno en Cataluña, ya que sus responsables creen que las administraciones no pueden hacer nada mientras no haya una resolución judicial que autorice el desalojo de los cuarteles. Esta resolución, sin embargo, no llegará antes de fin de julio, cuando se celebrará la vista oral en Madrid.