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La presidencia griega 'encierra' a los ministros para acordar la PAC

La UE no quiere aprobar la reforma sin el voto favorable de Francia

Los ministros de Agricultura reinician esta tarde un consejo que ha sido suspendido ya dos veces por desacuerdo en la reforma de la PAC (Política Agrícola Común). La presidencia griega de turno, criticada por ineficacia por varias delegaciones, ha decidido sentar a los ministros en reunión restringida (bien solos, bien con un solo asesor) para forzar el acuerdo. Alemania y la Comisión Europea rechazan acordar nada sin la aceptación francesa.

Francia, arropada por España, Portugal, Irlanda e Italia, entre otros países, opone serias resistencias a los cambios. Una fuente diplomática española asegura que las diferencias existentes entre los países, tras casi seis interminables jornadas de negociaciones en dos semanas sucesivas, no son ya muy importantes. Una fuente francesa, sin embargo, advierte: "No vamos a aceptar que Franz Fischler [comisario europeo de Agricul-tura] nos fastidie". El propio presidente de la República, Jacques Chirac, pidió a Grecia la suspensión de la reunión la semana pasada, pero Francia, en consonancia con otras delegaciones, como la española, asegura no estar sola frente a la reforma.

El canciller alemán Gerhard Schröder ha advertido públicamente que no desea un acuerdo sin el apoyo de Francia, el país que se queda con casi la cuarta parte del presupuesto de la PAC, que a su vez supone nada menos que el 45% del presupuesto total de la UE. La reforma de la PAC podría aprobarse por mayoría cualificada, pero tampoco la presidencia y la Comisión desean un acuerdo cojo ante un capítulo tan fundamental y aseguran buscar el consenso.

El punto principal de la reforma, tal como está ahora en la mesa de negociación, es desvincular en parte de la producción las ayudas agrícolas. De esta manera, Bruselas pretende adjudicar a las explotaciones aproximadamente la misma ayuda que vienen percibiendo, aunque sólo entre un 25% y un 30% se adjudicaría por lo que produce. El resto lo percibiría el agricultor por mantener en buenas condiciones agropecuarias la explotación.

Francia, España y sus aliados temen que este revolucionario sistema incentive el abandono de ciertos productos y, además, consideran, como los sindicatos agrarios, que es un sistema que puede terminar suponiendo un recorte drástico de ayudas en el futuro. Bruselas cree que el nuevo método le permitirá negociar más cómodamente en la Organización Mundial del Comercio, donde se critica el elevado sostén público a la agricultura europea y su correspondiente distorsión del mercado mundial.

Se ha logrado cierto consenso en otro punto importante de la reforma: desviar hasta un 5% de las ayudas agrícolas al desarrollo rural. Los cuatro capítulos en los que todavía hay importantes fricciones son los siguientes:

- Menos desvinculación. Francia querría dejar ligada a la producción hasta un 40% de las actuales ayudas directas. El acuerdo franco-alemán suscrito al inicio de este consejo, el 11 de junio pasado, admite este principio de "desvinculación parcial" y no total como quería Bruselas y Berlín, pero no se fijaron proporciones.

- Subir el precio de los cereales. La UE es exportadora neta de cereales, un sector apoyado desde Bruselas con hasta 17.000 millones de euros anuales. La última propuesta consiste en bajar el precio de intervención en un 2,5% (ahora está fijado en 101,31 euros por tonelada, el precio al que las administraciones deben comprar si el mercado paga menos) y subir la ayuda hasta los 64,5 euros por tonelada.

- Retrasar la entrada en vigor. Bruselas y la presidencia griega proponen el 1 de enero de 2005. Francia no tiene prisa y pide que los cambios se apliquen a partir de enero de 2007.

- Iguales reglas para todos. La propuesta de que haya países que puedan aplicar una desvinculación total se considera desde España y Francia un principio de inequidad que generará distorsiones internas en la UE.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 25 de junio de 2003