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Competencia multa a Correos con 5,4 millones de euros por aplicar descuentos

Sanción de 600.000 euros a Trasmediterránea por pactar precios con Buquebus y Euroferrys

El Tribunal de Defensa de la Competencia ha impuesto una multa de 5,4 millones de euros a Correos por aplicar bonificaciones sobre los precios de tarifa en los envíos locales a empresas que realizan las tareas previas al transporte de correspondencia. Competencia ha impuesto también una multa de 600.000 euros (100 millones de pesetas) a la compañía naviera Trasmediterránea por concertar precios en la zona marítima del estrecho de Gibraltar con otras dos compañías, Buquebus y Euroferrys. Todas las empresas recurrirán las sanciones.

La sanción que ha impuesto el Tribunal de Defensa de la Competencia a Correos tiene su origen en la denuncia presentada por las empresas Suresa y Mailhouse, del grupo Unipost, por "modificar el régimen de remuneración que tenía establecido con las empresas consolidadoras al vincular desde el año 2000 la obtención de bonificaciones sobre precios de tarifa a la entrega de un 10% de envíos con destino local", según manifestó ayer Correos. Las empresas consolidadoras son las que realizan las tareas previas al transporte y distribución de correspondencia (recogida, clasificación, franqueo y entrega a Correos).

En su resolucion el tribunal señala que esta exigencia constituye un abuso de posición dominante por reducir la competencia en el mercado liberalizado de servicios postales. Correos considera esta sanción desproporcionada y anunció que será recurrida ante la Audiencia Nacional.

Según Correos, los hechos por los que ha sido sancionada no suponen una infracción a la Ley de la Competencia por encontrarse objetivamente justificada al ser necesario para ajustar los descuentos ofrecidos a los costes soportados. Correos dice que presta un servicio público de interés general que resulta deficitario.

Por otra parte, la sanción a Trasmediterránea es el resultado de la demanda que presentó el Club Rotary de Ceuta hace cuatro años por entender que estas tres empresas se repartían el mercado y concertaban los precios para impedir la competencia de otras empresas. La demanda por parte de los competidores se interpuso cuando la compañía marítima estaba en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

En la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia, aparte de imponer la sanción económica, se pide a la empresa que abandone la práctica de concertación de precios. Trasmediterránea hoy está en manos privadas tras un proceso de privatización que generó fuertes críticas por parte de las empresas que perdieron el concurso y de la oposición parlamentaria que acusaron al Gobierno de una venta poco transparente.

El 30 de julio de 2002 el consejo de administración de la SEPI aprobaba la adjudicación de de Trasmediterránea al consorcio formado por Acciona (55%), Caja de Ahorros del Mediterráneo (15%), el Grupo Matutes-presidido por Abel Matutes que fuera ministro de Asuntos Exteriores en el primer Gobierno del PP- con el 12%, el Grupo Aznar (10%) y Naviera Armas (8%). La venta se produjo por el procedimiento de subasta en el que se ofrecía dinero en metálico y un plan industrial. El Estado ingresó por esta venta 259 millones de euros. La adjudicación a un consorcio en el que estaba Matutes hizo que las empresa perdedora en el tramo final, Naviera Boluda, acusara de falta de transparencia el proceso.

Incluso el PSOE pidió en el parlamento que se paralizara la venta por entender que no se había hecho con luz y taquígrafos. Un mes antes de la adjudicación de la empresa la SEPI se vio obligada cambiar el banco asesor de la operación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 25 de junio de 2003