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España es el país de la Unión Europea que comete más infracciones medioambientales

Gabriela Cañas

España es el país de la UE que más procedimientos de infracción tiene abiertos en la Comisión Europea y que más infracciones ha cosechado en la aplicación de la directiva de informe de impacto ambiental. Los datos aportados ayer por la comisaria de Medio Ambiente, la sueca Margot Wallström, indican que España tiene abiertos en este momento 85 procedimientos de infracción, de los cuales 15 se han convertido en infracción.

Los casos abiertos contra España que están más avanzados en este momento son el parque temático valenciano Terra Mítica, la construcción de un aparcamiento en Zamora, los proyectos de desarrollo urbano de Madrid y la línea férrea Valencia-Tarragona. El segundo puesto lo ocupa Italia, pero a gran distancia de España. Este país tiene un total de 49 procesos abiertos de los cuales 11 han sido considerados infracción. Le siguen Irlanda con 32, Grecia con 20 y Alemania y Reino Unido con 12 procesos abiertos respectivamente.

La mayor parte de las infracciones se imponen siempre en la UE por la mala aplicación de la directiva de impacto ambiental, quizá la más importante en el terreno ecológico. Destaca en este aspecto Dinamarca por ser el único país que no ha merecido ninguna apertura y ninguna infracción por parte de Bruselas. El total de casos abiertos en toda la UE respecto a esta directiva se eleva a 259, de los que 169 son denuncias, 63 son infracciones y 26 son casos abiertos por iniciativa de la Comisón Europea.

Mala aplicación general

Estos datos fueron presentados ayer por Wallström y forman parte de un informe sobre el seguimiento de esta directiva de impacto medioambiental que lleva en vigor 15 años y que, según la comisaria sueca, tropieza con un problema general de mala aplicación. Cualquier proyecto que ambicione obtener fondos comunitarios, bien de cohesión bien de desarrollo regional, debe cumplir con la obligación del informe de impacto medioambiental siempre que el presupuesto supere los 50 millones de euros.

Lo más habitual, según la Comisión Europea, es que las autoridades no consideren necesario el informe de impacto ambiental, razón que suele provocar la apertura del procedimiento de infracción de Bruselas. Además, según indicó Wallström, la mayoría de los socios de la Unión no han adaptado todavía su legislación a las enmiendas posteriores a la directiva. La comisaria habló por ello de la necesidad de informar convenientemente a las autoridades nacionales sobre una mejor aplicación de la directiva comunitaria.

Para Wallström, esta directiva es de enorme importancia porque permite a los ciudadanos participar en los proyectos y defender el medio ambiente presentando sus alegaciones respecto a la puesta en marcha de proyectos con repercusiones para la ecología.

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Sobre la firma

Gabriela Cañas
Llegó a EL PAIS en 1981 y ha sido jefa de Madrid y Sociedad y corresponsal en Bruselas y París. Ha presidido la Agencia EFE entre 2020 y 2023. El periodismo y la igualdad son sus prioridades.

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