El ex ministro García Valverde se querella contra la juez y la fiscal del 'caso AVE' por mantenerle imputado 7 años
El ex ministro socialista Julián García Valverde ha presentado una querella contra la juez de instrucción Teresa Chacón y la fiscal Teresa Gálvez, encargadas del caso AVE, por sentarle en el banquillo para ser juzgado, después de mantenerle imputado durante siete años, "sin que haya aparecido dato alguno que permita atribuirle ningún hecho o conducta calificable como delito de cohecho", según el escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La querella, firmada por los abogados Gregorio Peces Barba y Rafael Burgos, acusa a la juez Chacón y a la fiscal Gálvez de delitos de prevaricación, acusación falsa, delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y retardo malicioso en la administración de justicia.
Según la querella, la juez y la fiscal tardaron más de un año en denegar el sobreseimiento de la causa, solicitando la fiscal y ordenando la juez una serie de diligencias de investigación sobre cuestiones por las que García Valverde no había sido imputado, "con la esperanza de encontrar algún hecho con relevancia penal que pudieran atribuirle al antiguo presidente de Renfe.
Como presidente de Renfe entre 1985 y 1991, Julián García Valverde puso en marcha el proyecto del AVE Madrid-Sevilla. Fue imputado por la juez Chacón en el caso AVE a raíz de la denuncia de un particular a partir de la cual, la juez apreció que "hubiera" podido existir una trama para financiar al PSOE a través de comisiones pagadas por las adjudicatarias de instalaciones y suministros del AVE, y que García Valverde pudo tener "un razonable conocimiento" de ello.
Según la querella, tras más de nueve años de investigaciones y siete años de mantener imputado a García Valverde "sin que haya aparecido ningún dato incurrimiento del delito de cohecho", la juez y la fiscal querelladas tienen que ofrecer "algún resultado que pueda justificar una investigación en la se han empleado grandes recursos del erario público" y "evitar que la larga, costosa, y espectacular instrucción del caso AVE acabe archivándose, o sin ningún socialista en el banquillo de los acusados".
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