Los jueces censuran a De Gispert por sus críticas

Unanimidad de las asociaciones judiciales contra la consejera de Justicia e Interior, Núria de Gispert. Las tres organizaciones de la judicatura han suscrito un comunicado conjunto en el que lamentan las críticas vertidas por De Gispert contra los jueces por haber revocado en dos ocasiones el régimen abierto que concedió la Generalitat al financiero Javier de la Rosa, condenado a 20 meses de prisión.

Las asociaciones judiciales que firman el comunicado son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia. Apenas suman 2.000 afiliados en toda España y no representan ni a la mitad de la carrera judicial, pero en contadas ocasiones se ponen de acuerdo en un texto conjunto para realizar una declaración. En esta ocasión así ha ocurrido respecto de las críticas efectuadas por la consejera Núria de Gispert. Y ello pese a las diferencias de planteamientos que mantienen las asociaciones, que van desde las posiciones conservadoras que defiende la APM, mayoritaria con diferencia entre la judicatura, a los planteamientos progresistas de Jueces para la Democracia.

La necesidad de lograr el consenso entre los firmantes obligó a reducir el tono inicialmente duro del comunicado y a evitar incluso cualquier alusión personal. Con todo, en clara referencia a las críticas vertidas por Núria de Gispert, se afirma en el comunicado: "La valoración que se ha hecho de una resolución judicial no ha cumplido con rigor y mesura las exigencias que entendemos que afectan a todos y muy especialmente a quienes ostentan un cargo de notoria representación". De ahí que los firmantes aseguren que han de "lamentar" esa actuación y "salir al paso, desde la templada reflexión y el respeto a la libertad de expresión que tantas veces" les "toca preservar".

El comunicado recuerda que "el derecho a la justa crítica tiene sus límites en el respeto personal a los demás" y justifica que esa declaración conjunta la realizan las asociaciones "por respeto a la función judicial, esencial en un Estado de derecho".

Vehemencia inusual

La vehemencia con la que Núria de Gispert defendió el pasado martes la concesión del tercer grado al financiero Javier de la Rosa causó cierta sorpresa en diversos medios judiciales. Especialmente porque la titular de Justicia e Interior no es dada a este tipo de declaraciones contundentes y menos aún si se trata de decisiones judiciales, hacia las que siempre había mostrado un escrupuloso respeto aunque discrepara.

Hace una semana, sin embargo, De Gispert vino a decir que los jueces estaban perjudicando a De la Rosa "por sus apellidos" al haber revocado en dos ocasiones el régimen abierto que le ha concedido la Generalitat desde que entró en prisión. En la primera ocasión fue un juez de vigilancia penitenciaria el que revocó, el pasado 8 de enero, la clasificación en tercer grado, y la segunda vez fue la Sección Novena de la Audiencia de Barcelona la que el 2 de junio anuló también el régimen abierto concedido al amparo del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que se aplica en contadas ocasiones. El presidente de ese tribunal, Gerard Thomas, hubo de terciar también en la polémica y recordó que en los siete años de vigor del reglamento penitenciario sólo en una ocasión se le había planteado un caso como el de De la Rosa por aplicación del artículo 100.2 Y también fue revocado.

El comunicado conjunto de las tres asociaciones judiciales recuerda que "son los poderes públicos los primeros que deben velar" para que exista un equilibrio entre la "ordinaria y precisa" crítica que puede provocar una resolución judicial y "cuantas objeciones puedan plantearse desde otros ámbitos". Los firmantes insisten en que "el rigor en la crítica no se empañe con descalificaciones ni con valoraciones que se entiendan desproporcionadas".

Jueces para la Democracia, la asociación a la que pertenece Gerard Thomas, considera, además, que el control judicial de las decisiones de la Administración "es la mejor garantía para los ciudadanos y principio básico de la democracia".