Servicio social a la intemperie

El jueves pasado, un día más desde el 11 de marzo, SOS Racismo abrió su oficina al aire libre en la plaza de la Virgen Blanca para atender las demandas de los inmigrantes que llegan a Vitoria. Desde que se inundó de agua y barro su sede oficial en el casco viejo de la ciudad, por la rotura de una tubería de la red municipal, esta ONG ofrece sus servicios de manera gratuita a pleno sol, en una de las primaveras más calurosas de los últimos decenios, con temperaturas superiores a los 35º. Hasta el momento, ninguna institución ha prestado a SOS Racismo un local temporal para que mantenga su actividad bajo cubierto.

La organización decana entre las que ayudan a las miles de personas que llegan a España en busca de un presente mejor se quedó sin instalaciones en la capital alavesa hace 100 días. La historia de 15 años de trabajo en contra de la discriminación racial, los expedientes de 4.632 personas que han tramitado con esta asociación sus papeles, son hoy más que nunca papel mojado.

La oficina provisional que han montado se encuentra a 50 metros del Ayuntamiento de Vitoria. En estos tres meses largos, ni el alcalde, Alfonso Alonso, ni ninguno de sus concejales se han acercado por la plaza.Es más, el día en que se refugiaron bajo los arcos de la casa Consistorial, la Policía Municipal les obligó a retirar la mesa y las sillas y a dispersar la cola de inmigrantes. En este tiempo, unas mil personas han solicitado información y se han abierto 280 expedientes.

Y eso que en Vitoria, ciudad que fue modelo de integración, no faltan servicios públicos de atención al inmigrante. Sencillamente, como sabe cualquiera que llega de fuera de la Unión Europea, SOS Racismo no ejerce la burocracia pura y dura. Por ejemplo, es la única que tramita la simple gestión del empadronamiento (uno de los primeros pasos para acceder a la ciudadanía) sin poner trabas. Como ocurría en la inutilizada sede de la calle Zapatería, la escena se repite ahora en la céntrica plaza, los lunes, martes y jueves, de 12 a 16 horas.

Decenas de sin papeles de los cinco continentes, con dificultades para comprender la cambiante y cada vez más estricta legislación española o, simplemente, en busca de un traductor, esperan esta atención gratuita y, sobre todo, eficaz.

"Nosotros no somos boy scouts, en busca de la buena acción del día, como se cree el Ayuntamiento. Tenemos clara nuestra responsabilidad legal y la gravedad de la pérdida de la historia de miles de personas que tenían nuestros archivos, sin olvidar la precariedad en la que se encuentran los últimos expedientes, ya que ni siquiera tenemos un lugar donde archivarlos. De momento, están en nuestros domicilios", denuncia Federico García, portavoz de la ONG en Álava.

Esta precariedad va acompañada de la escasez de recursos económicos, por decirlo de una manera amable. SOS Racismo de Álava debe afrontar la hipoteca mensual de 1.000 euros de su antiguo local, crédito que se consiguió gracias a avales de las propiedades de los socios. En una céntrica fotocopistería tienen una cuenta abierta con una deuda de 7.800 euros, ya que a los inmigrantes no se les cobra un euro.

De momento, el único gesto ha venido de la Diputación de Álava, que ha asumido la deuda de la Seguridad Social de la única persona que está contratada con un adelanto de la subvención anual de esta institución, que cubre el 30% de los gastos. El Ayuntamiento, presunto responsable de la inundación (mientras las aseguradoras resuelven el caso), ni aparece. La flamante Dirección de Inmigración del Gobierno vasco, con el ciudadano de Benin (África) Omer Oke al frente, sólo ha aportado buenas palabras, al igual que la Oficina del Ararteko, el Defensor del Pueblo vasco. Al menos, hasta la fecha.

"Estamos cubriendo de manera voluntaria un sector abandonado por las instituciones", recuerda Federico García. "Más de un responsable institucional nos ha dicho que lo dejemos. Pero esa no es la solución. Nuestra labor es la prevención de conflictos; adelantarnos a los enfrentamientos entre la población autóctona y la inmigrante, conseguir que los que viene de fuera gocen de los derechos y cumplan con los deberes que ofrece el sistema".