Camino de las urnas

NO FUE NECESARIO ESPERAR hasta una eventual sesión de investidura para percibir las implicaciones prácticas de la incomparecencia el pasado día 10 en el hemiciclo de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, los dos diputados socialistas que dejaron a la incoada coalición entre el PSOE e IU en minoría -con 54 escaños- frente a los 55 incólumes representantes del PP a la hora de elegir los órganos de la nueva Asamblea de Madrid. Los populares parasitaron el martes 17 su provisional mayoría regalada y forzaron la aprobación por la Mesa y la Junta de Portavoces de una retorcida interpretación legal que reduce a sólo seis días -desde el 18 hasta el 23 de junio- la duración del primer periodo de sesiones de la legislatura. Sin embargo, el artículo 13.4 del Estatuto de Madrid, que fija dos periodos de sesiones ordinarias (de septiembre a diciembre y de febrero a junio) y autoriza también sesiones extraordinarias convocadas por el presidente de la Cámara a petición del Gobierno o de un grupo de diputados, parece excluir o al menos hace altamente sospechosa tal lectura.

Sólo la renuncia a sus actas parlamentarias de los dos diputados socialistas tránsfugas podría impedir la repetición el próximo otoño de las elecciones autonómicas celebradas el pasado 25 de mayo

Esa decisión -un fraude de ley, según algunos expertos- no pretende emular la inventiva del Santo Padre que dio su nombre en el siglo XVI al calendario gregoriano, sino limpiar de obstáculos el camino hacia unas nuevas elecciones, único objetivo del PP -convencido de ganarlas por goleada- en esta crisis. Los socialistas, en cambio, aspiran a que los diputados desleales renuncien a sus actas para recuperar así la mayoría parlamentaria; las inviables medidas cautelares que escoltan a la precipitada querella interpuesta por el PSOE contra Tamayo y Sáez se sitúan en este contexto revindicativo. Aunque los socialistas tengan razón al advertir sobre los peligros para la democracia de sentar el precedente de esas nuevas elecciones (una incitación para que futuros perdedores en las urnas traten de invalidar sus resultados por cualquier medio), un corredor de apuestas experimentado se jugaría los cuartos a favor de la celebración de los comicios en otoño.

Desde la reforma estatutaria de julio de 1998 existen dos vías diferentes para alcanzar esa meta. El artículo 17.5 ordena la disolución automática de la Cámara cuando hayan transcurrido dos meses desde la primera sesión de investidura sin que ningún candidato haya obtenido la confianza solicitada; así ocurriría si Rafael Simancas o Esperanza Aguirre recibiesen el encargo y fracasaran en el intento. El artículo 21 -modificado en 1998- también permite que el presidente de la comunidad convoque elecciones anticipadas bajo su exclusiva responsabilidad tras previa deliberación del Gobierno. A diferencia de las Cortes Generales y de los parlamentos vasco, catalán, andaluz y gallego (la renovación de sus cámaras abre siempre un periodo cuatrienal), la Asamblea madrileña nacida de unos comicios anticipados tendría un mandato más breve, que se agotaría al final de la legislatura originaria (mayo de 2007 en este caso). La disolución presidencial no podrá ser acordada, por lo demás, si queda menos de un año para la conclusión de la legislatura, está en marcha una moción de censura, ha sido convocado un proceso electoral de ámbito estatal o no ha pasado un año desde la anterior disolución. Y los comicios adelantados tampoco serán posibles "durante el primer periodo de sesiones de la legislatura": el propósito de la artificiosa jibarización del calendario realizada por la Asamblea bajo control de los populares era precisamente suprimir esa hipoteca.

Tal vez la estrategia inicial del PP era encomendar la convocatoria anticipada al presidente en funciones de la Comunidad; sin embargo, la Ley de Gobierno de 27 de noviembre 1997 -aplicable de forma supletoria al ámbito autonómico- impide a Gallardón disolver la Cámara (y arroja sombras sobre su crisis de gobierno poselectoral). Aunque Esperanza Aguirre anunció su intención de convocar nuevos comicios si fuese investida gracias a la abstención de los tránsfugas, no parece que Tamayo y Sáez quieran ayudarla. Si los diputados desleales no entregaran sus actas y Simancas siguiera resistiéndose a ser candidato, no quedaría más salida que la disolución automática de la Asamblea.