A querellarse
Tras un primer momento de desconcierto general, tras la ausencia de dos diputados socialistas en la votación para la presidencia de la Asamblea de Madrid, la temperatura política en la capital del reino ha reventado todos los termómetros. Parece que los diputados insurgentes llamaron reiteradamente por teléfono a los propietarios de ciertas constructoras y que al tiempo se realizaron misteriosas reuniones en la sede del PP entre cargos del partido, candidatos a alcaldías y empresarios. Aquí huele a muerto, aunque, como se sabe, en una democracia nada puede afirmarse hasta que quede aprobado ante los tribunales. Por desgracia, gracias al conflicto vasco, en este país puede imputarse alegremente toda clase de delitos sin que pase absolutamente nada. Tarde o temprano (y acaso ya era hora), el partido del Gobierno central está probando algo de su propia medicina.
Prueba la medicina, pero no se acostumbra a ella. De hecho, no se acostumbra nadie, ni socialistas ni populares, ni empresarios chanchulleros ni parlamentarios levantiscos. Sabíamos que lanzar imputaciones de delito resultaba legítimo en el norte, pero en Madrid cada leve insinuación de irregularidades encorajina al aludido. Por poner un ejemplo insignificante, el que escribe colabora, entre otros medios de comunicación, con uno que está "al servicio de ETA" (palabras de Iturgaiz), y dedica la mayoría de sus esfuerzos a una institución académica "que se ha convertido en instrumento de ETA" (palabras de Michavila). De modo que uno, en su modestia, también es imputable. Es lo que tiene ser vasco: son tantos los articulistas que han llamado proetarra a Madrazo que los que aún no lo hemos hecho debemos de ser tan proetarras como él.
Aquí estamos resignados y ya ni siquiera hablamos de estas cosas. Pero en Madrid los agravios aún se reciben con gesto airado y ceño hostil de viejo hidalgo. El Partido Popular ha prometido que presentará una querella contra Rafael Simancas, mientras que Javier Arenas ha augurado querellas contra aquellos que se atrevan a relacionar a su partido con la trama inmobiliaria. Zapatero ha anunciado una querella criminal "contra los presuntos responsables del escándalo", y Eduardo Tamayo, el célebre ausente, también promete querellas contra Manuel Chaves, José Bono, Joaquín Leguina, Jesús Caldera y Trinidad Jiménez.
Todos querellados y querellantes. Todos querellables. Querellas a mansalva. Aquí te dicen que unos disparan pero que eres tú el que apuntas y el aserto sale gratis. Aquí las instituciones "dan cobijo a los terroristas" y los denunciantes no reciben una mala carta al director. Aquí hay amenazados que por no resignarse al discurso del Gobierno son llamados cobardes, peones útiles o arrepentidos y los voceadores de semejantes adjetivos se saben a salvo del delito de injurias, incluso de la sanción moral por impiedad. Aquí no pasa nada. Somos zurrables por naturaleza. Y sin riesgo de querella.
En Euskadi corre la sangre y se administran las culpas a diestro y siniestro, con impunidad, con desvergüenza, con encanallamiento. En cambio en Madrid surge un escandalito a la italiana, una traición filibustera, un chanchullo de tunantes, y todos se suben por las paredes, como si en vez de pícaros se les hubiera llamado asesinos.
Personalmente espero que todas las querellas anunciadas se presenten y resuelvan, y que todos (Javier Arenas, Esperanza Aguirre, Ruiz-Gallardón, José Bono, Manuel Chaves, Trinidad Jiménez, Rodríguez Zapatero, Joaquín Leguina, Rafael Simancas, Jesús Caldera, Eduardo Tamayo, María Teresa Sáez y constructores varios) reciban la luz de la justicia. Pero cada vez que el señorito andaluz sale por La Primera imputando a más de la mitad de los vascos complicidad con el terror sabe que sus palabras no merecerán no ya una querella, ni siquiera un tirón de orejas.
No sé cómo tendremos el Rh en el paisito, pero lo cierto es que el honor lo tenemos hecho unos zorros. Afortunados ellos que aún pueden querellarse. Lo nuestro ya no tiene remedio.
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