El Gobierno pone punto final al programa Ramón y Cajal para recuperar 'cerebros'

El plan Ramón y Cajal -lanzado por la anterior ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, como el programa "estrella" para incorporar al sistema en tres años a 2.000 cerebros con contratos de cinco años- está a punto de expirar, "una vez que se evalúen las solicitudes de esta tercera convocatoria", que será también la "última", según reconoció ayer la directora de Ciencia y Tecnología, Matilde Sánchez Ayuso. "Lo que pase en el futuro se definirá dentro del nuevo Plan Nacional 2004-2007 . Lo más probable es que cambie el nombre, aunque se mantenga el concepto de recuperación de científicos", precisó.

"Queremos evaluar qué ha pasado en estos tres años, qué personas han sido seleccionadas... Tres años no es mucha perspectiva, pero la experiencia es buena", añadió Sánchez Ayuso, desde Valencia, a donde acudió para participar en la reunión plenaria de la Sectorial de I+D+i de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), celebrada ayer en Valencia. Tanto Sánchez Ayuso, como el director General de Universidades, Pedro Chacón, como el actual presidente de la sectorial, el rector de la Universidad de Valencia, Francisco Tomás, reconocieron a este periódico que la convocatoria de 2003, la tercera, que se resolverá "a más tardar en dos meses", será la "última".

En la práctica, lo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en coordinación el área de Universidades del Ministerio de Educación, está tratando de hacer es liquidar a muy corto plazo el programa Ramón y Cajal, y aprovechar la "flexibilidad" de la también controvertida Ley Orgánica de Universidades, de la que faltan por desarrollar múltiples decretos, entre ellos, el de profesorado, para "tratar de reincorporar a los ramón y cajal, por la vía de las nuevas figuras LOU, como son los contratos para doctores investigadores", coinciden el rector Tomás y el representante de esta sección de la CRUE, Agustín Zapata. "No creo que las universidades prescindan de contratar a un ramón y cajal", puntualizó Sánchez Ayuso, quien, no obstante, reconoció que el programa como tal "cambiará de nombre", aunque se trate de mantener el "concepto" de recuperación de cerebros.

El problema del publicitado programa estrella, en el que también se apoyó el presidente José María Aznar para dar credibilidad a su promesa de alcanzar el 2% del PIB nacional en inversión en I+D en 2003, es, sin duda, de "financiación", certifican tanto fuentes de ministerio como del ejecutivo valenciano. El Ramón y Cajal nació "con mucha improvisación" y "sin la financiación necesaria", ya que el segundo y tercer año parte del coste corría a cargo de las universidades receptoras y, por ende, del presupuesto autonómico. Y, en el actual escenario de "déficit cero, el programa como tal se hace insostenible", admiten. De hecho, el primer gran tropiezo del programa se vivió a finales del año pasado, cuando el ministerio resolvió la segunda convocatoria de 2002, que le obligaba a desembolsar 22 millones para cofinanciar la reincorporación del segundo paquete de 500 científicos.

El panorama de la investigación en España es, pues, "negro, muy negro", según Zapata, ya que la homologación con los niveles de inversión media en I+D en Europa pasa inevitablemente por "aumentar la financiación pública".

Becarios asegurados

La política de déficit cero, tras la que se atrincheró el Gobierno Aznar, en los últimos dos años especialmente, ha pasado factura también en el área de las becas y de la estabilidad de los jóvenes científicos, que todavía no han visto realizada la promesa de

ser asimilados al régimen de la Seguridad Social. Una situación que, al parecer, se solucionaría en los próximos meses tras aprobarse el nuevo borrador de Proyecto de real decreto del Estatuto del Becario de Investigación y de Tercer Ciclo, presentado ayer por el director general de Universidades.El proyecto que "ha sido tramitado ya ante el Consejo de Universidades antes de su aprobación en el Consejo de Ministros, prevé que los becarios de investigación queden integrados en el Régimen General de la Seguridad Social, con las mismas prestaciones que un trabajador, exceptuando el derecho al paro", puntualizó Chacón. Su entrada en vigor, según certificó Sánchez Ayuso, será "a partir del 1 de enero de 2004".

Es decir, cuando se configuren en septiembre los próximos Presupuestos Generales del Estado será cuando se despejen finalmente las dudas que planean sobre este estatuto, al que ya se comprometió el ministerio hace más de un año, "ya que cuando se tramitó la Memoria Económica ante el Ministerio de Hacienda, éste la paró", confirman fuentes oficiales. La Secretaría de Estado para la Seguridad Social, que dirige Gerardo Camps realizó entonces un informe que consideró "inadecuada" la propuesta de la ministra Anna Birulés de "excluir a los becarios de numerosas prestaciones".