Los fiscales progresistas recurren la orden de pedir plazas vacantes al ministro

El Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha acordado por unanimidad presentar un recurso contencioso-administrativo contra una orden del Ministerio de Justicia, del pasado día 13, que establece que las solicitudes para cubrir tres plazas en el Ministerio Fiscal deben dirigirse al ministro de Justicia, José María Michavila, y no al fiscal general del Estado, lo que entienden que es un intento de control de la institución por parte del Gobierno.

El pasado sábado, 14, el BOE publicó una orden que establece que aquellos que quieran optar a dos plazas vacantes de fiscales de Sala y una tercera a la Fiscalía del Tribunal Superior de Castilla y León, deberán dirigir sus solicitudes al ministro de Justicia.

Según el portavoz de la UPF, Antonio Camacho, la novedad de la orden ministerial es que, por primera vez, se señala que las solicitudes deben dirigirse al ministro de Justicia, en vez de al fiscal general del Estado o al Consejo Fiscal, lo que "rompe una tradición de la carrera fiscal y el espíritu de su Estatuto".

Se trata de "una injerencia absoluta" del Ministerio en esta materia, añadió Camacho, quien consideró que esta orden es "el inicio de la gubernamentalización del Ministerio Fiscal".

Según la Unión Progresista de Fiscales, al imponer que las instancias de solicitud de plazas se dirijan al ministro, "el sistema se rompe", porque "el ministro no tiene por qué conocer las instancias ni hacer ningún tipo de selección".

Por su parte, fuentes del ministerio indicaron a este periódico que desde 1983 las instancias de todas las convocatorias para acceder a plazas vacantes de fiscales van directamente dirigidas al Ministro de Justicia.

Según Justicia, la orden ministerial se ajusta al real decreto 545, de 9 de febrero de 1983, cuyo artículo 8.3 establece literalmente que "las instancias irán dirigidas al ministro de Justicia". Las fuentes ministeriales indicaron que la única novedad estriba en que en vez de una convocatoria interna por parte de la Fiscalía, esta vez se ha hecho públicamente en el BOE, de acuerdo con lo establecido en el citado real decreto. "En vez de ir dirigida la instancia al fiscal general del Estado, va dirigida al ministro, que es quien convoca las plazas, pero el resto del procedimiento se mantiene exactamente igual: el fiscal general del Estado propone los nombramientos al Gobierno, previo informe del Consejo Fiscal. Los nombramientos son acordados después por el Consejo de Ministros".