Todas las leyes tendrán que evaluar su repercusión sobre las mujeres

Todos los proyectos de ley y reglamentos que elabore el Gobierno deberán incluir un "informe sobre el impacto de género" de las medidas que contienen. Así lo aprobó ayer el Congreso. El objetivo es evitar que las nuevas leyes fomenten la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. "En el informe se estudiará cómo afecta cada ley en función del sexo para corregir la discriminación", explicó la diputada de CiU Maria Lluísa Expósito, quien defendió esta iniciativa. El PP rebajó la propuesta inicial de incluir el informe en todas las normas del Gobierno.

Todos los proyectos de ley y reglamentos nuevos que proponga el Ejecutivo deberán tener en cuenta sus consecuencias sobre hombres y mujeres y deberán contribuir a corregir las desigualdades existentes. Y ello, gracias a la aprobación, ayer por unanimidad en la Comisión Constitucional del Congreso, de la Proposición de Ley sobre Medidas para Incorporar la Valoración del Impacto de Género en las Disposiciones que elabore el Gobierno. Ahora el Senado debe darle la luz verde. Podría entrar en vigor el próximo otoño, según fuentes parlamentarias.

Esta proposición modifica la Ley del Gobierno. Obliga al Ejecutivo a que cada proyecto de ley que elabore vaya acompañado de "un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo". Este requisito también será obligatorio en los nuevos reglamentos.

"El sistema que se establezca para medir el impacto lo fijará el Gobierno", explicó ayer la diputada de Convergència i Unió, Maria Lluísa Expósito, quien defendió esta iniciativa de su grupo, presentada en la Cámara en febrero del año pasado. Todo indica que el Instituto de la Mujer será el organismo encargado de establecer los criterios para elaborar los informes sobre el impacto de género y de coordinar su realización. El PSOE había pedido que esto constara expresamente, pero el PP adujo que este tipo de tareas ya recaen, por ley, en ese organismo.

Las enmiendas del Partido Popular han excluido del informe sobre el impacto de género a los reales decretos legislativos. Para ello ha argumentado que estos textos se refieren a legislación vigente, por lo que "no se justifica un informe sobre el impacto de género, que no tendría incidencia sobre el contenido normativo". También ha dejado fuera los reales decretos legislativos, por tratarse de una legislación justificada por motivos de urgencia.

Satisfacción

"Las rebajas del PP sobre la propuesta inicial no son relevantes Ahora se ha superado una etapa importante para ganar la gran batalla de la mujer", señaló Expósito. También se mostraba satisfecha la socialista Cristina Alberdi. "Esta proposición es una garantía de que las leyes cumplirán los criterios adecuados sobre el impacto de género y de que se cumpla la igualdad real, la de oportunidades", dijo. A su juicio, el requisito del informe es, también, "una puerta abierta para la discriminación positiva". Motivo añadido de contento era el reconocimiento de la expresión "género". "Es un término político que alude a la discriminación de las mujeres derivada de la construcción social y cultural hecha a lo largo de la historia", explicó Alberdi.

En el PP también había satisfacción. La diputada María Jesús Sáinz calificó la proposición como una "buena herramienta", informa Efe. Servirá, "de forma pionera", como "ayuda para la mejor puesta en práctica del principio de igualdad en todas las políticas", añadió la parlamentaria popular.

La iniciativa presentada por CiU tiene un antecedente en Cataluña. Desde 2001, las iniciativas legislativas del Parlamento deben contar con este tipo de informe sobre el impacto de género. Según explicó Expósito, el Instituto Catalán de la Mujer es el encargado de buscar información sobre la situación femenina en cada área sobre la que se legisla y puede hacer "propuestas legislativas correctoras" para que lograr que las nuevas normas eviten y corrijan la discriminación de las mujeres.

La integración de la "perspectiva de género" en todas las políticas fue uno de los compromisos de la Cuarta Conferencia sobre la Mujer celebrada en Pekín en 1995. También la Unión Europea ha asumido este planteamiento, especialmente a partir del Tratado de Amsterdam de 1999 que puso nuevas bases para trabajar en pro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todas las áreas.